El Senado recibió la propuesta formal del Gobierno mexicano para reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, un cambio que promete transformar las condiciones laborales en el país y que, según legisladoras y autoridades, responde a una demanda histórica de millones de trabajadores. Las iniciativas enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum reforman tanto el artículo 123 de la Constitución como la Ley Federal del Trabajo.
Su aprobación podría llevar a México hacia estándares internacionales más equilibrados, aunque el proceso legislativo, los efectos sobre las empresas y la ruta de implementación siguen generando debate. Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, afirmó que estas reformas representan un avance real hacia una vida laboral más digna y equilibrada, mientras el Gobierno sostiene que el nuevo esquema no reducirá salarios ni prestaciones.
Reformas constitucionales y laborales en marcha
El Senado turnó la iniciativa constitucional a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos. En paralelo, la propuesta para modificar la Ley Federal del Trabajo fue enviada a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos Primera. Ambas rutas legislativas permitirán discutir a fondo la viabilidad técnica, económica y social de la reducción horaria.
Castillo calificó las iniciativas como «propuestas históricas» y destacó que responden a una exigencia muy presente entre trabajadores que buscan jornadas más humanas. También aseguró que este paquete de reformas demuestra el compromiso de la presidenta Sheinbaum con un modelo laboral que priorice el bienestar sin afectar derechos adquiridos.
El Gobierno presentó los lineamientos de la propuesta, precisando que la reducción no será inmediata. El secretario del Trabajo, Marath Bolaños, explicó que durante cinco meses se realizaron más de 40 foros con más de 2 mil participantes. Estas consultas, según el funcionario, permitieron construir un proyecto con amplio respaldo social y empresarial.
Beneficios esperados y aplicación gradual
Bolaños afirmó que la evidencia internacional demuestra ventajas claras para trabajadores y empresas. Mencionó aumentos en productividad, mejoras en salud física y mental, y mayor equilibrio entre vida laboral y personal. También señaló que la reducción de la jornada fomenta cohesión social y estabilidad en centros de trabajo.
La propuesta establece que la jornada semanal de 40 horas quedará protegida en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo. El cambio no implicará reducción de salarios ni prestaciones, y se prohíbe que menores de edad trabajen horas extra. Con esto, el Gobierno asegura que el modelo busca proteger derechos sin generar vulneraciones económicas para las familias.
La aplicación será gradual para dar margen de adaptación al sector productivo. En 2026 habrá un periodo de preparación. A partir de 2027 iniciará el recorte de dos horas por año hasta llegar a 40 horas en enero de 2030. Este esquema escalonado pretende evitar impactos bruscos mientras garantiza la transición hacia jornadas más cortas.
La discusión legislativa apenas comienza y se anticipan posturas diversas, especialmente en torno a costos operativos, reorganización de turnos y efectos en pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, la propuesta avanza con el respaldo político del Ejecutivo y el reconocimiento de organizaciones laborales que consideran urgente modernizar las reglas del trabajo en México.
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