La nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión quedó en pausa este lunes 28 de abril, luego de que la Mesa Directiva del Senado retiró el dictamen de la orden del día justo cuando se perfilaba para ser aprobado en el Pleno.
La suspensión obedeció a una solicitud expresa de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, quien pidió al Congreso abrir un espacio de diálogo con las partes involucradas. Según el senador Adán Augusto López, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), las conversaciones iniciarán de inmediato.
Este proceso será coordinado por el propio López Hernández, quien aseguró que en la mesa de trabajo participarán los representantes de los concesionarios de medios de comunicación, así como senadores de las comisiones dictaminadoras.
Uno de los puntos más polémicos que será revisado es el artículo 109 de la iniciativa, relacionado con la regulación de las redes sociales, debido a los señalamientos de que podría abrir la puerta a actos de censura por parte del Estado mexicano.
Se contempla que, tras realizar ajustes al dictamen, se convoque a un periodo extraordinario en mayo, ya que el actual periodo ordinario de sesiones concluye el miércoles 30 de abril.
¿por qué se planteó la reforma?
La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión fue impulsada con el argumento de actualizar el marco jurídico ante los cambios tecnológicos y las nuevas formas de comunicación digital. Sin embargo, desde su presentación, encendió alarmas en varios sectores.
Entre los principales motivos de la iniciativa se encuentran el control más estricto sobre los contenidos de medios de comunicación tradicionales y la regulación de plataformas digitales y redes sociales.
Oficialmente, el gobierno federal argumentó que era necesario combatir la desinformación, garantizar el acceso equitativo a las comunicaciones y fortalecer la soberanía digital.
Pero la propuesta encendió críticas porque, bajo el discurso de «combatir noticias falsas», se abría la posibilidad de que autoridades administrativas —y no judiciales— ordenaran el retiro de contenidos de redes sociales, sin necesidad de una resolución judicial previa.
Esta facultad, plasmada en el artículo 109, fue vista como una amenaza a la libertad de expresión.
Además, la reforma planteaba mayores requisitos para los concesionarios de radio y televisión en cuanto a contenidos y tiempos oficiales, lo cual fue interpretado como un intento de incrementar el control político sobre los medios de comunicación tradicionales.
Organizaciones nacionales e internacionales defensoras de la libertad de prensa, como Artículo 19 y la Sociedad Interamericana de Prensa, alertaron que la iniciativa violaba principios constitucionales y tratados internacionales firmados por México.
La presión pública, la resistencia de concesionarios y el temor de un golpe a la imagen internacional de México en materia de derechos humanos forzaron a detener el trámite legislativo y abrir una mesa de diálogo urgente.
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