La presidenta Claudia Sheinbaum emitió un decreto que fortalece las obligaciones de transparencia del Gobierno federal, establece nuevos lineamientos para la publicación de información pública y elimina la facultad discrecional de los servidores públicos para decidir qué datos pueden mantenerse reservados.
El Gobierno de México puso en marcha una nueva estrategia para fortalecer la transparencia y el acceso a la información pública. La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este martes un decreto que establece reglas más estrictas para la difusión de contratos, auditorías, fiscalización y operación de empresas del Estado, además de limitar los supuestos bajo los cuales la información podrá permanecer reservada.
Durante su conferencia matutina, la mandataria informó que el decreto entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación y adelantó que posteriormente será incorporado a la Ley General de Transparencia mediante una iniciativa que enviará al Congreso al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones.
El eje central de la reforma consiste en impedir que los funcionarios determinen, con base en criterios propios, qué información puede hacerse pública y cuál debe mantenerse bajo reserva.
«Ya no lo dejamos a criterio del servidor público», afirmó Sheinbaum al explicar que el decreto incorpora lineamientos específicos para definir la información que deberá publicarse y los casos excepcionales en los que podrá restringirse por motivos de seguridad nacional o por procedimientos administrativos y judiciales en curso.
La presidenta también defendió la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), al considerar que sus funciones pueden ser asumidas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno con una estructura administrativa menos costosa.
Más información pública y actualización mensual de contratos
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, explicó que el decreto fortalece el principio constitucional de máxima publicidad y busca que las instituciones difundan información más amplia que la exigida actualmente por la ley.
Entre los cambios más relevantes destaca la actualización mensual de los contratos del Gobierno federal, cuando actualmente esa información se publica de manera trimestral.
Asimismo, la Plataforma Nacional de Transparencia incorporará nuevos contenidos en un plazo máximo de 30 días hábiles para facilitar la consulta y el análisis de la información pública.
El decreto también establece la publicación de información sobre las filiales de las empresas del Estado, incluyendo estados financieros, estructura de gobierno corporativo y datos sobre su operación.
Además, deberán difundirse los programas anuales de fiscalización, estadísticas de auditorías, seguimiento a observaciones y el padrón de despachos auditores externos encargados de revisar a las entidades públicas.
Reforma busca homologar criterios de transparencia
Buenrostro indicó que estas medidas también serán planteadas a los poderes Legislativo y Judicial, así como a gobiernos estatales y municipales, con el propósito de homologar los criterios de transparencia en todo el país.
La funcionaria adelantó que la iniciativa de reforma a la Ley General de Transparencia simplificará las causales de reserva de información para limitar su aplicación únicamente a asuntos de seguridad nacional o cuando la publicidad pueda afectar un procedimiento administrativo o judicial en desarrollo.
En esos casos, precisó, deberán elaborarse versiones públicas de los documentos para garantizar el mayor acceso posible a la información.
Sheinbaum sostuvo que estas modificaciones buscan fortalecer el derecho de la ciudadanía a conocer el destino de los recursos públicos y las decisiones gubernamentales, al tiempo que reiteró que la transparencia debe ser un principio permanente de la administración pública.
También te puede interesar: Quintana Roo promociona el Distrito Financiero de Cancún ante empresarios de Orlando
