La presidenta instruyó a la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, abrir una mesa de diálogo con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión para atender las inquietudes sobre los nuevos lineamientos en materia de derechos de las audiencias, cuestionados por organismos nacionales e internacionales.
La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó a la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, establecer contacto con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) para aclarar las dudas que han surgido sobre los nuevos lineamientos derivados de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
La decisión se produce después de que concesionarios, organizaciones defensoras de la libertad de expresión y especialistas manifestaran preocupación por el contenido del proyecto, al considerar que podría abrir la puerta a mecanismos de censura o discrecionalidad por parte de la autoridad.
Durante su conferencia de este viernes, la mandataria aseguró que el propósito del acercamiento es atender las inquietudes del sector y reiteró que el Gobierno federal no busca limitar la libertad de expresión.
«Le pedí a Luisa María que pudiera entrar en contacto con la Cámara de Radio y Televisión con todos aquellos que tienen dudas sobre la regulación y los lineamientos que se plantearon», señaló.
Sheinbaum insistió en que el objetivo de la regulación es fortalecer los derechos de las audiencias y no controlar los contenidos informativos.
Lineamientos generan preocupación en medios y organismos
El proyecto establece que los concesionarios de radio y televisión, tanto públicos como privados, deberán contar con un Código de Ética, un defensor de las audiencias y mecanismos para distinguir entre información noticiosa y opiniones.
Asimismo, contempla sanciones para quienes incumplan el procedimiento de atención de quejas de las audiencias. La consulta pública sobre estos lineamientos permanecerá abierta hasta el próximo 21 de agosto.
Las disposiciones no aplican a periódicos impresos ni a portales digitales de noticias.
Sin embargo, diversos sectores consideran que algunos conceptos incluidos en el proyecto carecen de precisión jurídica y podrían derivar en interpretaciones discrecionales.
CIRT y especialistas piden modificar el proyecto
La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión expresó esta semana su rechazo a varios puntos de los lineamientos al considerar que contienen disposiciones ambiguas que podrían representar un retroceso para la libertad de expresión.
Entre sus principales observaciones, la CIRT sostiene que el proyecto permitiría al Gobierno determinar qué información podría considerarse falsa o descontextualizada, además de que el defensor de las audiencias quedaría subordinado a la autoridad.
También cuestionó el régimen de sanciones económicas, al señalar que contempla multas de hasta el uno por ciento de los ingresos anuales de cada concesionario o programador, cuando la legislación vigente únicamente prevé sanciones por no designar un defensor de audiencias o no contar con un Código de Ética.
La organización también pidió eliminar la posibilidad de recibir quejas anónimas, al advertir que ese mecanismo podría utilizarse para ejercer presión contra periodistas y comunicadores mediante denuncias sin sustento.
ONU también expresó inquietudes
Las críticas no provienen únicamente de la industria.
Leopoldo Maldonado, exdirector de Artículo 19 en México y actual Relator Especial designado por la ONU para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, manifestó que no resulta recomendable que el Estado tenga facultades para determinar la veracidad de la información.
El especialista también advirtió que conceptos como «información falsa», «descontextualizada» o la difusión de información del pasado como si fuera actual requieren una definición mucho más precisa para evitar interpretaciones amplias.
Ante este escenario, el Gobierno federal optó por abrir un canal de diálogo con la CIRT antes de que concluya el periodo de consulta pública, con el propósito de analizar las observaciones planteadas por el sector y por organismos especializados.
También te puede interesar: La UNAM aplicará examen presencial a aspirantes con altas calificaciones tras detectar irregularidades
