La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que enviará al Congreso de la Unión las leyes secundarias de la reforma energética, en las que se establece que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) serán empresas públicas del Estado. Con esta medida, el gobierno busca reforzar el control sobre el sector energético, garantizar la soberanía energética y limitar la participación de privados en la industria.
Objetivos de la reforma energética
Sheinbaum explicó que esta iniciativa busca consolidar a Pemex y CFE como pilares del sector energético nacional, asegurando que los recursos energéticos del país sean gestionados en beneficio de la población. Según la mandataria, la reforma busca revertir los efectos de la apertura al sector privado que se implementó en sexenios anteriores, asegurando que el Estado retome un papel protagónico en la producción y distribución de energía.
Modificaciones clave en las leyes secundarias
Las leyes secundarias que serán enviadas al Congreso contemplan varios cambios fundamentales, entre ellos:
- La transformación de Pemex y CFE en empresas públicas del Estado con autonomía operativa y presupuestal, pero bajo control gubernamental.
- Limitaciones en la participación de empresas privadas en la generación y distribución de electricidad.
- Un nuevo esquema de inversión en infraestructura energética, con prioridad en proyectos de energías renovables liderados por el Estado.
- La implementación de tarifas energéticas reguladas para garantizar precios justos a los consumidores.
Impacto en la inversión privada y la competencia
Uno de los aspectos más debatidos de la reforma es su impacto en la inversión privada. Mientras el gobierno argumenta que fortalecerá la soberanía energética y reducirá la dependencia de empresas extranjeras, el sector privado advierte que la exclusión de compañías nacionales e internacionales podría desincentivar la inversión y afectar la competitividad del mercado energético.
Reacciones políticas y empresariales
La iniciativa ha generado reacciones divididas entre los distintos sectores políticos y económicos. Legisladores de oposición han manifestado su preocupación por el riesgo de generar monopolios estatales, mientras que los partidos aliados de Sheinbaum han respaldado la medida como un paso necesario para fortalecer la economía nacional.
Por su parte, representantes del sector empresarial han advertido que la limitación de la inversión privada podría afectar el desarrollo de infraestructura energética y encarecer los costos de producción. Aun así, el gobierno insiste en que la medida garantizará estabilidad y sustentabilidad a largo plazo.
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