En medio de un proceso electoral sin precedentes para renovar 881 cargos del Poder Judicial de la Federación, México enfrenta nuevamente el desafío de la violencia política, un fenómeno que continúa afectando gravemente la integridad de la democracia y la participación ciudadana.
A un año de que el país celebrara las elecciones más violentas de su historia —con 63 actores políticos asesinados, de los cuales 37 eran candidatos, según la organización Causa Común—, la jornada del 1 de junio de 2025 se da bajo un contexto igualmente preocupante.
Veracruz: foco rojo de la violencia electoral
Veracruz se ha consolidado como uno de los estados con mayor riesgo en el actual proceso electoral, tanto por las votaciones judiciales como por la renovación de 212 presidencias municipales, sindicaturas y 630 regidurías. De acuerdo con México Evalúa, la entidad se encuentra entre las siete con riesgo alto de violencia contra candidatos.
El Laboratorio Electoral registró hasta el 5 de mayo al menos 15 casos de violencia política en el estado. Entre los más graves:
- El asesinato de Carlos Ranses Neri, aspirante del PVEM a la alcaldía de Veracruz.
- La muerte de Germán Anuar Valencia, candidato de Morena en Coxquihui.
- Tres atentados, cuatro secuestros y seis amenazas.
A pesar de estos datos, el informe no incluyó otros casos emblemáticos como el asesinato de Yesenia Lara Gutiérrez, candidata de Morena en Texistepec, atacada durante un mitin el 11 de mayo, o el atentado contra la emecista Xóchitl Tress, en el que falleció la periodista Avisack Douglas Coronado. También se omitió el ataque contra el candidato a regidor Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, en Tantoyuca, y las amenazas recibidas por Aracely Pérez Roa, aspirante del PT en Misantla.
Ante la gravedad del panorama, la gobernadora Rocío Nahle reconoció que 123 candidatos han solicitado seguridad, mientras que 57 municipios fueron identificados como zonas con alta tensión electoral. La mandataria solicitó apoyo a la Guardia Nacional para cubrir 10 municipios adicionales.
Durango: excepción en medio de la tormenta
En contraste, Durango, que también celebra elecciones locales este 1 de junio —incluyendo la renovación de 39 presidencias municipales y 326 regidurías—, ha sido catalogado por la iniciativa Votar entre balas como un estado de bajo riesgo electoral. Entre el 1 de noviembre de 2024 y el 6 de mayo de 2025 no se reportaron casos de violencia política en la entidad.
El proceso extraordinario para elegir a ministros, magistrados y jueces tampoco ha escapado a la violencia. El Laboratorio Electoral documentó cuatro casos de agresiones relacionadas con candidatos o aspirantes al Poder Judicial. Entre ellos, destaca el asesinato de Audel Arnoldo Hernández Solís, quien buscaba figurar en la lista de candidaturas.
El Instituto Nacional Electoral (INE) también informó la cancelación de 17 candidaturas el 8 de mayo. De ellas, nueve correspondieron a renuncias, aunque no se especificaron los motivos, mientras que ocho se debieron a duplicidades en el registro.
Riesgos para la democracia
Organizaciones como México Evalúa han advertido que la violencia política es un medio utilizado por actores criminales y políticos para influir en los resultados electorales, buscando la captura del poder público, incluso en el ámbito judicial.
“Es altamente probable que, mediante la violencia, el crimen organizado busque la captura de los poderes judiciales, sobre todo en el ámbito local”, advirtió la organización.
Este escenario plantea un riesgo serio: la pérdida de independencia del Poder Judicial, que se convertiría en una pieza más del engranaje del crimen organizado, debilitando los últimos diques de contención frente al abuso de poder y la impunidad.
A pesar de los esfuerzos institucionales para garantizar el derecho al voto y la renovación democrática, la violencia sigue marcando las elecciones en México. Mientras Veracruz refleja los peores síntomas de este fenómeno, con una alarmante cifra de agresiones, Durango aparece como una excepción.
El histórico proceso de elección judicial, lejos de desarrollarse en un entorno pacífico, confirma que la democracia mexicana continúa vulnerada por estructuras paralelas de poder, que operan con violencia para mantener sus intereses. La respuesta institucional, en términos de protección, prevención y justicia, será clave para evitar que esta tendencia se convierta en la nueva normalidad electoral del país.
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