El Congreso de Quintana Roo inició el análisis de dos iniciativas que plantean modificar el marco jurídico estatal en materia de salud integral y violencia digital, con propuestas que abarcan desde el reconocimiento constitucional del bienestar físico y emocional hasta el endurecimiento de sanciones por acoso sexual cometido mediante tecnologías de la información.
Durante la quinta sesión ordinaria, legisladores dieron lectura a una iniciativa promovida por José María Chacón Chablé y Jennifer Paulina Rubio Tello, mediante la cual se propone reformar el párrafo décimo del artículo 13 de la Constitución Política del Estado.
La propuesta busca incorporar de manera expresa el derecho de las personas a la protección de la salud integral, entendida como aquella que comprende el bienestar físico, mental y emocional.
De acuerdo con la iniciativa, el planteamiento responde a la necesidad de actualizar el marco constitucional frente a problemáticas relacionadas con la salud mental y el bienestar de la población.
Plantean aumentar sanciones por acoso sexual digital
En la misma sesión se dio lectura a otra iniciativa que propone reformar y adicionar disposiciones al artículo 130 Bis del Código Penal de Quintana Roo, presentada por las diputadas Paola Moreno Córdova y Jimena Lasa, así como por el diputado Jorge Sanén.
El proyecto plantea incrementar hasta en una mitad las penas cuando el delito de acoso sexual sea cometido mediante tecnologías de la información, redes sociales, aplicaciones de mensajería u otros medios digitales.
La propuesta también contempla consecuencias específicas para servidores públicos y docentes que incurran en estas conductas, incluyendo la destitución e inhabilitación permanente en casos de reincidencia, de acuerdo con el contenido de la iniciativa presentado ante el Congreso.
Otro de los puntos planteados consiste en establecer medidas de protección para las víctimas durante la investigación, con el objetivo de evitar situaciones de contacto o intimidación.
Ambas iniciativas fueron incorporadas al proceso legislativo para su análisis y eventual dictaminación. Su contenido todavía deberá ser revisado conforme al procedimiento establecido por el Congreso estatal antes de determinar si se convierten en reformas vigentes.
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