Con 16 votos a favor y tres en contra, el Congreso de Quintana Roo aprobó la minuta que establece la nacionalidad mexicana única como requisito para encabezar los poderes ejecutivos federal y estatales y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
El Congreso de Quintana Roo se sumó al proceso de reforma constitucional para establecer la nacionalidad única como condición de elegibilidad para quienes busquen ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La minuta federal, que modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, fue incorporada al orden del día de la sesión celebrada el 29 de septiembre y sometida a votación bajo el procedimiento de urgente y obvia resolución.
El resultado fue de 16 votos a favor y tres en contra. Los votos opositores correspondieron a Filiberto Martínez Méndez, del PRI; José Luis Pech Várguez, de Movimiento Ciudadano; y Ángel Álvarez Cervera, del PAN. El registro oficial de la votación señala además seis legisladores sin registro de voto.
La discusión abrió una diferencia entre dos argumentos. Por un lado, José Luis Pech cuestionó que la reforma pueda limitar derechos políticos de mexicanos que poseen otra nacionalidad. Por otra parte, César Santiago Frías Canché defendió que la exigencia se aplique únicamente a quienes pretendan encabezar los poderes ejecutivos de mayor responsabilidad.
Pech cuestiona restricciones para mexicanos con doble nacionalidad
Durante el debate, Pech Várguez sostuvo que la modificación representa una regresión frente al reconocimiento constitucional de la doble nacionalidad y relacionó el cambio con el principio de progresividad establecido en el artículo 1 de la Constitución.
El legislador señaló que México reconoce desde 1997 que los mexicanos por nacimiento no pierden esa nacionalidad al adquirir otra. A partir de ese antecedente, argumentó que establecer una condición adicional para acceder a determinados cargos puede afectar los derechos políticos de personas que mantienen vínculos jurídicos y familiares con México pese a contar con otra nacionalidad.
Su planteamiento se centró especialmente en los mexicanos nacidos fuera del territorio nacional que adquieren la nacionalidad de otro país por nacimiento, residencia u otras circunstancias previstas en las legislaciones correspondientes.
Pech también cuestionó el momento en que la Legislatura local recibió la minuta. De acuerdo con su intervención, los diputados fueron convocados para pronunciarse sobre una reforma constitucional aprobada a nivel federal apenas unos minutos antes de la discusión local.
El legislador sostuvo además que el debate debería diferenciar entre nacionalidad y ciudadanía. Desde su perspectiva, si la preocupación consiste en evitar que una persona con obligaciones jurídicas frente a otro Estado encabece un Poder Ejecutivo mexicano, el requisito tendría que analizarse desde los compromisos derivados de la ciudadanía y no exclusivamente desde la nacionalidad.
Morena defiende vínculo exclusivo con México
La posición de Pech encontró una respuesta distinta desde Morena. César Santiago Frías Canché sostuvo que la reforma no elimina la doble nacionalidad para la población mexicana en general, sino que establece una condición específica para quienes aspiren a ocupar los principales cargos del Poder Ejecutivo.
El diputado argumentó que las responsabilidades asociadas con la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno justifican un requisito diferenciado.
De acuerdo con su exposición, quienes ocupan esos cargos administran recursos públicos y tienen atribuciones relacionadas con asuntos de seguridad nacional. Por ello, defendió que exista un vínculo exclusivo con México para quienes encabecen esas instituciones.
La discusión, en consecuencia, no se centró únicamente en la existencia de la doble nacionalidad, sino en los requisitos que pueden establecerse para acceder a determinados cargos públicos.
La propia minuta federal identifica la reforma como una modificación en materia de nacionalidad única para el ejercicio de la titularidad de los poderes ejecutivos federal y locales. El cambio alcanza específicamente los artículos 82, 116 y 122 constitucionales.
La reforma no elimina la doble nacionalidad para todos los mexicanos
Uno de los puntos centrales del debate es diferenciar la condición general de los mexicanos que poseen otra nacionalidad de los requisitos aplicables a quienes busquen encabezar los poderes ejecutivos.
La legislación mexicana reconoce la posibilidad de que los mexicanos por nacimiento posean otra nacionalidad. El artículo 32 constitucional establece reglas para el ejercicio de derechos de quienes se encuentran en esa situación y contempla restricciones específicas para determinados cargos y funciones.
La reforma discutida en 2026 plantea llevar una exigencia de nacionalidad única a los cargos de titular del Ejecutivo federal, gubernaturas y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Por ello, su efecto se concentra en la elegibilidad para esas posiciones y no supone, por sí misma, la desaparición general de la doble nacionalidad.
En Quintana Roo, la aprobación de la minuta representa uno de los pasos del procedimiento de reforma constitucional. El Congreso estatal dejó constancia de su respaldo con una mayoría de 16 votos, mientras tres legisladores rechazaron el decreto.
El debate dejó así dos posiciones claramente diferenciadas: quienes consideran que la nacionalidad única es una condición vinculada con las responsabilidades de los poderes ejecutivos y quienes advierten que puede restringir derechos políticos de mexicanos con doble nacionalidad.
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