Más de mil 200 unidades económicas en Quintana Roo han comenzado a aplicar la jornada laboral de 40 horas semanales, pese a que la reforma federal aún está en proceso legislativo. La medida se implementa sobre todo en áreas administrativas, según confirmó la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social estatal, Verónica Salinas Mozo.
La funcionaria explicó que este cambio forma parte de un proceso de transición voluntaria impulsado por varias empresas en el estado. De acuerdo con sus declaraciones, se espera que, hacia finales de 2025, buena parte de las 15 mil empresas registradas en Quintana Roo adopten este esquema reducido.
Salinas Mozo explicó que la mayoría de las compañías que ya iniciaron con el nuevo horario son oficinas administrativas, donde los trabajadores laboran de lunes a viernes. Esta tendencia comenzó a consolidarse después de un foro en Cancún destinado a socializar la iniciativa, que aún espera ser votada en el Congreso de la Unión.
Turismo se resiste a acortar la jornada laboral
En contraste, los sectores operativos y de servicios turísticos continúan aplicando la jornada completa de 48 horas. Representantes del sector aseguran que aún evalúan cómo reducir las horas sin afectar la calidad de atención ni elevar sus costos operativos.
“Reducir la jornada en hoteles o restaurantes requiere contratar más personal o hacer ajustes costosos en los turnos. Eso aún no es viable para muchas empresas”, comentó un representante del sector hotelero en el norte del estado.
Además, organismos empresariales de la entidad advirtieron que implementar la jornada reducida sin una transición gradual podría provocar afectaciones financieras graves, especialmente en pequeñas y medianas empresas. Estiman que el costo anual de nómina podría incrementarse hasta en 26%.
Este cálculo considera que, para mantener la misma operación, las empresas necesitarían cubrir las horas eliminadas con nuevos turnos o contrataciones adicionales. Esto resulta particularmente complicado en un contexto en el que, según líderes del sector privado, el 80% de las empresas en el estado enfrenta dificultades para atraer y retener talento.
Por ahora, las autoridades estatales ven con buenos ojos que varias empresas estén tomando la iniciativa sin esperar el mandato federal. “Es un avance importante en derechos laborales, pero requiere responsabilidad y planeación para no desestabilizar la economía local”, puntualizó Salinas Mozo.
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