Estefanía Mercado recibió un reconocimiento durante la plenaria estatal de contralores, donde se revisaron controles internos, fiscalización de la ASF y mecanismos de rendición de cuentas.
Playa del Carmen se convirtió en sede de una reunión estatal enfocada en fortalecer los mecanismos de control, fiscalización y transparencia de los gobiernos municipales de Quintana Roo.
Durante la clausura de la Tercera Reunión Plenaria de la Comisión Permanente de Contralores del Estado de Quintana Roo, la presidenta municipal Estefanía Mercado recibió un reconocimiento de la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Reyna Arceo Rosado.
El encuentro reunió a representantes de los órganos internos de control de los 11 municipios del estado, además de funcionarios estatales y representantes de organismos vinculados con la fiscalización y el combate a la corrupción.
La agenda incluyó la revisión de avances del Programa Anual de Trabajo y la presentación de herramientas digitales orientadas a mejorar el acceso a información pública y fortalecer el control interno.
Además, se abordaron los nuevos retos que enfrentarán los ayuntamientos ante los procesos de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación.
La reunión ocurre en un contexto donde la revisión del gasto público ocupa un lugar central para los gobiernos municipales. En 2025, Quintana Roo reportó nuevamente cero observaciones de la ASF en revisiones relacionadas con el gasto público federalizado estatal.
Sin embargo, este resultado corresponde al Gobierno del Estado y no debe confundirse con una certificación de cero observaciones para los municipios.
Estefanía Mercado recibe reconocimiento por respaldo a contralores
Durante la clausura, Reyna Arceo Rosado entregó a Estefanía Mercado un reconocimiento por la hospitalidad y las atenciones ofrecidas a quienes participaron en la reunión.
La funcionaria estatal también destacó el respaldo de la presidenta municipal al fortalecimiento del control interno en Playa del Carmen.
De acuerdo con lo expuesto durante el encuentro, antes del inicio de la actual administración municipal, Mercado solicitó capacitación para el personal del Ayuntamiento.
El objetivo fue fortalecer sus capacidades y mejorar los procesos administrativos relacionados con la función pública.
Asimismo, Arceo Rosado reconoció el trabajo de Cristina del Carmen Alcérreca Manzanero, titular del Órgano Interno de Control de Playa del Carmen, por su participación en la organización y coordinación de la plenaria.
La presidenta municipal, por su parte, sostuvo que el ejercicio de los recursos públicos debe estar vinculado con las necesidades de la población.
“Detrás de cada recurso público hay una necesidad, hay una familia y hay una comunidad esperando resultados”, expresó Mercado durante la clausura.
La alcaldesa también destacó que los municipios enfrentan circunstancias diferentes. Por ello, consideró necesario mantener el intercambio de experiencias entre las áreas responsables del control y la fiscalización.
Playa del Carmen presenta nuevas herramientas de control
Uno de los puntos relevantes de la reunión fue la presentación del Micrositio del Órgano Interno de Control de Playa del Carmen.
La herramienta busca facilitar la consulta de información y mejorar la comunicación institucional en materia de control y rendición de cuentas.
Asimismo, durante la plenaria se presentó el apartado destinado a los municipios dentro de la página del Sistema Anticorrupción.
Estas herramientas buscan acercar información institucional a la ciudadanía y facilitar el acceso a datos relacionados con la actuación de los gobiernos municipales.
Por otra parte, la agenda incluyó la ponencia “Municipios 2026: La nueva fiscalización de la ASF y los retos para Quintana Roo”, impartida por María del Carmen Carpintero Vázquez.
La especialista explicó los desafíos que enfrentan los ayuntamientos ante la evolución de los mecanismos de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación.
Posteriormente, impartió la conferencia “Cierre de la Administración Municipal: Estrategias para una entrega-recepción exitosa y sin observaciones”.
El tema cobra relevancia para los ayuntamientos porque los procesos de entrega-recepción requieren documentación, controles administrativos y seguimiento de los asuntos pendientes.
Además, una transición ordenada permite identificar responsabilidades y evitar que la falta de información complique la continuidad de los servicios públicos.
Contralores revisan avances y coordinación estatal
La Comisión Permanente de Contralores también revisó los avances del Programa Anual de Trabajo y presentó los resultados correspondientes a la Coordinación de Zona Norte.
Durante la reunión se planteó la necesidad de mantener una coordinación constante entre los gobiernos municipales y las autoridades estatales para cerrar espacios a posibles irregularidades.
El objetivo es que los mecanismos de prevención y vigilancia funcionen antes de que las deficiencias administrativas deriven en observaciones o responsabilidades.
En ese sentido, la plenaria permitió compartir experiencias entre los órganos internos de control de los 11 municipios de Quintana Roo.
También participaron Félix Díaz Villalobos, coordinador general Jurídico y de Transparencia de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; Alma Arroyo Angulo, secretaria técnica del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo, y representantes de distintos órganos internos de control.
Asimismo, acudieron Estefanía Caro Farah, titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y Sergio González Velázquez, titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción.
Entre los asistentes también estuvo Minerva Maribel Moreno Cruz, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción de Quintana Roo.
La reunión cerró con el llamado a mantener la coordinación entre las instituciones responsables de vigilar el uso de los recursos públicos.
El reto para los municipios será convertir estos acuerdos y herramientas en controles efectivos, información accesible y procesos administrativos capaces de resistir las nuevas exigencias de fiscalización.
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