El fiscal general del estado, Raciel López Salazar, negó que exista un repunte en los casos de secuestro en Quintana Roo durante 2025, como lo señaló recientemente la asociación civil Alto al Secuestro.
Aseguró que sólo se ha documentado un caso en lo que va del año y que la entidad se encuentra entre las de menor incidencia delictiva a nivel nacional.
Durante una conferencia de seguridad realizada en las instalaciones del C5 en Cancún, el fiscal fue cuestionado sobre el informe de Alto al Secuestro, el cual reporta nueve secuestros en la entidad entre enero y marzo. López Salazar rechazó la cifra y calificó de “totalmente falso” el supuesto aumento.
«Desconozco la fuente de ese medio digital que publicó las cifras, pero lo que sí es cierto es que, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Quintana Roo está en el lugar 21 del país, con un solo secuestro registrado este año», afirmó. Detalló que ese único caso ocurrió en febrero y fue “entre delincuentes”.
Además, el funcionario indicó que la víctima fue rescatada con vida y que tres presuntos responsables ya fueron vinculados a proceso. Aprovechó también para pedir a los medios de comunicación que verifiquen la información directamente con las instituciones oficiales, a fin de evitar “afectar la imagen del estado”.
La cifra oficial no cuadra con la percepción ciudadana
La discrepancia entre las estadísticas gubernamentales y las reportadas por organizaciones civiles no es nueva. Alto al Secuestro ha documentado 96 casos en Quintana Roo entre octubre de 2022 y diciembre de 2024, y ha advertido que durante 2024 se registraron 55, la mayoría en Cancún y Playa del Carmen.
De acuerdo con esta organización, el estado ocupó el primer lugar nacional en secuestros por cada 100 mil habitantes en 2024, con una tasa de 0.215. La metodología usada incluye el análisis de notas periodísticas, entrevistas con víctimas y sus familiares, así como trabajos de campo.
Las diferencias también obedecen a una razón estructural: muchas víctimas no denuncian directamente ante la fiscalía local. Por el contrario, acuden a instancias federales como la Marina o la Guardia Nacional, donde se sienten más seguras. Esta práctica dificulta el registro uniforme de los delitos.
Pese a las cifras contradictorias, las autoridades locales insisten en que Quintana Roo es una de las entidades con menor incidencia en este delito. No obstante, la persistente desconfianza en las instituciones y la falta de denuncias formales hacen difícil confirmar la realidad de estos casos más allá de las estadísticas oficiales.
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