La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo ha detenido a dos personas por su presunta responsabilidad en un escándalo que ha indignado a decenas de familias: el crematorio de mascotas Casa Xibalbá, acusado de fraude y delitos contra el medio ambiente al entregar urnas con tierra en vez de cenizas, mientras abandonaba cadáveres de perros y gatos en predios baldíos. Lo que debía ser un adiós digno se convirtió en una pesadilla, con al menos 150 cuerpos hallados en descomposición. La gobernadora Mara Lezama condenó el caso como «reprobable» y garantizó: «No habrá impunidad; se aplicará todo el peso de la ley».
El fraude, destapado por una denuncia anónima en redes sociales el 29 de octubre, escaló rápidamente. Vecinos de la colonia Barrio Bravo, en Chetumal, alertaron sobre olores fétidos y bolsas con restos en un lote baldío de la avenida Primo de Verdad. Tras inspecciones, la FGE confirmó 150 cadáveres de mascotas en cuatro predios cercanos, muchos reconocidos por dueños que pagaron entre 1.500 y 2.800 pesos por «paquetes completos» de cremación, incluyendo urnas biodegradables, certificados y hasta sesiones de tanatología gratuita. En cambio, recibieron tierra y promesas vacías.
Cenizas falsas: Un engaño que rompe corazones y leyes
Casa Xibalbá, ubicada en Retorno Isla Contoy, operaba sin licencia municipal ni permisos sanitarios, según la Secretaría de Ecología y el Ayuntamiento de Othón P. Blanco. Ofrecía servicios premium –desde quimioterapia veterinaria hasta cirugías–, pero las investigaciones revelan que los hornos de incineración nunca se usaron.
«Es un fraude cruel que viola la confianza y la dignidad de las mascotas, consideradas seres sintientes en nuestra Constitución estatal», declaró un portavoz de la FGE en un boletín del 30 de octubre.
Hasta el 31 de octubre, las denuncias superaron las 80, con víctimas de Chetumal, Bacalar, Playa del Carmen y hasta Valladolid, Yucatán. Una dueña, identificada como Farah Crosswell en entrevistas con Azteca Noticias, relató el doble duelo: «Abrí la urna de mi perrita Layla y era tierra. Es como perderla otra vez». Activistas estiman hasta 300 afectados, muchos con eutanasias «directas al corazón» –práctica inhumana que agrava los cargos.
El 30 de octubre, agentes ejecutaron una orden de aprehensión: Guillermo Alejandro «N», propietario, y Briseidy «N», su asistente y encargada de cobros y ceremonias, fueron capturados por fraude y daños ambientales. Los cuerpos, en bolsas plásticas, fueron trasladados al Semefo para necropsias. «La carpeta FGE/QROO/OPB/10/5568/2025 avanza con peritajes; se suman multas de hasta 10 años de cárcel por maltrato animal», informó la FGE en su portal.
Corazón de Justicia: Lezama clama por familias y mascotas
La gobernadora Mara Lezama, en su programa «La Voz del Pueblo» del 30 de octubre, expresó indignación: «Los actualizamos sobre el reprobable caso del crematorio de mascotas, relacionado con delitos contra el medio ambiente y la fauna, así como con presuntos fraudes a particulares en Othón P. Blanco. No habrá impunidad: se aplicará todo el peso de la ley». En X, su tuit acumuló 5.000 interacciones, invitando a denuncias vía https://enlinea.fgeqroo.gob.mx/.
Lezama, acompañada de autoridades, enfatizó el compromiso humanista: «Este gobierno combate la impunidad; las investigaciones llegarán hasta donde tengan que llegar, para sanar el daño a la sociedad y honrar a las mascotas». Su llamado impulsó 27 denuncias adicionales en 24 horas, según la FGE. Colectivos como Protección Animal Quintana Roo exigen «pena máxima» y clausura indefinida, recordando que Chetumal alberga 45.000 animales callejeros, vulnerables a abusos similares.
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