El Gobierno de Quintana Roo no entregará a ninguna empresa privada la operación del servicio de agua potable y alcantarillado tras la revocación de la concesión a Aguakan. Así lo afirmó de forma categórica la gobernadora Mara Lezama Espinosa, al aclarar que la transición será gestionada con apoyo federal y mediante un modelo público.
Durante el arranque de la Estrategia Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas, realizado en Puerto Morelos, la mandataria estatal confirmó que mantienen pláticas con el Gobierno Federal y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) para definir el esquema que reemplazará a la empresa concesionaria.
“No habrá empresa; no estamos buscando una empresa ni se ha buscado nunca”, declaró. Lezama subrayó que están enfocados en lograr que el servicio quede en manos de una entidad pública, para evitar que intereses privados interfieran nuevamente en una función básica del Estado.
La transición del agua: entre Banobras y CAPA
La gobernadora aclaró que aún no se ha definido si será la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) la instancia responsable de operar el sistema. Sin embargo, esa es una de las opciones en análisis.
“El objetivo es lo que pide la gente, pero lo subrayo, no hemos buscado ninguna empresa privada, ni la vamos a buscar”, insistió.
Mara Lezama enfatizó que cuentan con respaldo total del Gobierno Federal y aseguró que la prioridad es encontrar un modelo que beneficie directamente a la ciudadanía, garantizando el acceso al agua sin fines de lucro ni intereses corporativos.
La mandataria evitó detallar más sobre el futuro esquema de operación debido a que todavía hay un proceso judicial abierto con Aguakan. A pesar de ello, sostuvo que la postura oficial es firme: la gestión del agua regresará al ámbito público.
Revocación definitiva de Aguakan: una batalla ganada en tribunales
La disputa con Aguakan llegó a un punto decisivo el pasado 14 de abril, cuando el Juzgado Octavo de Distrito avaló de manera definitiva la cancelación de su concesión. Con ello se cerró la primera instancia del proceso legal promovido por el Gobierno de Quintana Roo.
La sentencia confirmó que la empresa dejará de operar el servicio en cuatro municipios del estado. Aunque aún pueden presentarse recursos legales, el fallo representa un avance importante en el intento de desprivatizar el acceso al agua en la entidad.
La revocación de Aguakan fue una de las principales exigencias ciudadanas en la zona norte del estado. Diversos sectores acusaban a la empresa de cobros excesivos, mala calidad del servicio y falta de transparencia. La presión social fue determinante para que el gobierno avanzara en su anulación.
La actual administración sostiene que este tipo de servicios debe mantenerse bajo control público. La participación de Banobras en el diseño de la nueva estructura operativa refuerza la intención de mantener el control estatal, evitando nuevas concesiones a empresas privadas.
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