La gobernadora Mara Lezama afirmó que ninguna decisión sobre la construcción del cuarto muelle de cruceros en Cozumel será tomada sin consultar a la población. Su postura surge en medio del creciente rechazo social por el posible impacto ambiental del proyecto.
Durante una entrevista en Chetumal, la mandataria explicó que la opinión de los habitantes de Cozumel será prioritaria: “Vamos a escuchar el sentir del pueblo, porque no se trata solo de infraestructura, sino del equilibrio entre desarrollo y medio ambiente”, declaró.
Más de 10 mil firmas contra el proyecto
La iniciativa del nuevo muelle ha sido duramente cuestionada por organizaciones locales y ciudadanos. Desde inicios de mayo, más de 10 mil personas han firmado en rechazo al proyecto, preocupadas por el posible daño al ecosistema marino.
Uno de los principales focos de alarma es el arrecife Villa Blanca, un área coralina cercana a la costa de Cozumel. Ambientalistas y vecinos han advertido que la obra podría deteriorar este entorno natural, clave para la biodiversidad del Caribe mexicano.
También hay inquietud sobre la presión adicional que la llegada de más cruceros ejercerá sobre los servicios públicos, ya de por sí saturados, como el abasto de agua, el manejo de residuos y la movilidad urbana.
El cuarto muelle se suma a una historia de crecimiento turístico que ya presenta límites físicos y sociales. La isla, con una población cercana a los 100 mil habitantes, recibe el 29 % del total de cruceros que llegan al Caribe. Esto representa alrededor de 4.6 millones de pasajeros anuales.
El último muelle se construyó hace más de dos décadas
Cozumel cuenta actualmente con tres muelles para cruceros. El último fue inaugurado hace 23 años, y desde entonces, la capacidad de carga turística de la isla ha sido motivo de debate entre ambientalistas, empresarios y autoridades.
El gobierno estatal no ha confirmado si habrá una consulta formal o solo mesas de diálogo, pero sí ha garantizado que habrá espacios de participación ciudadana. “Todo lo que se haga, será con transparencia y con la voz del pueblo como eje rector”, reiteró la gobernadora.
Hasta el momento, no se ha hecho público un estudio de impacto ambiental actualizado que respalde el proyecto. Sin embargo, la presión social parece haber elevado el costo político de avanzar sin consenso.
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