El Ayuntamiento de Othón P. Blanco entregó el Reconocimiento al Valor de las Personas con Discapacidad a tres referentes sociales cuyo trabajo ha dejado huella en la capital del estado. Se trata de Bertha Peña Ake, Tania Guadalupe Solís Covarrubias y la Fundación Siiniko’ob, encabezada por Mercedes Pérez Loeza. El acto se realizó durante una Sesión Solemne que puso en el centro una realidad ineludible: la discapacidad no es una condición aislada, sino un proceso que exige acompañamiento emocional, educativo y comunitario sostenido.
La ceremonia tuvo lugar en la Décima Sesión Solemne del Ayuntamiento, celebrada la noche del martes en Chetumal. El reconocimiento buscó visibilizar trayectorias que, desde distintos frentes, han contribuido a romper barreras históricas y a dignificar la vida de personas con discapacidad. El mensaje fue claro: el mérito no está en la condición, sino en la constancia, el compromiso y el impacto social construido a lo largo del tiempo.
Bertha Peña Ake fue reconocida por su labor educativa y cultural. Persona con discapacidad visual, imparte clases de braille y lengua maya, dos herramientas clave para la inclusión y la preservación de la identidad. Su trabajo ha permitido que más personas accedan al conocimiento y a su herencia cultural. Su historia es la de alguien que convirtió obstáculos en oportunidades concretas de servicio comunitario.
En el ámbito educativo, Tania Guadalupe Solís Covarrubias recibió el galardón por una trayectoria de 29 años en los servicios de educación especial en Quintana Roo. Durante casi tres décadas ha acompañado a niñas, niños, adolescentes y familias que enfrentan diversas condiciones de discapacidad. Su experiencia le ha permitido construir una comprensión profunda de las necesidades reales que existen más allá del aula.
Con el paso de los años, su labor la posicionó como representante del colectivo de cuidadoras primarias y familias de personas con discapacidad. Se trata de un grupo que suele cargar con responsabilidades invisibles, pero decisivas para la calidad de vida y la autonomía de quienes requieren apoyos permanentes. Desde ahí, ha impulsado acciones que reconocen el cuidado como un derecho humano y no como una obligación silenciosa.
Un enfoque comunitario que va más allá del reconocimiento simbólico
El tercer reconocimiento fue otorgado a la Fundación Siiniko’ob, presidida por Mercedes Pérez Loeza. Esta organización se ha consolidado como un referente comunitario en la generación de espacios de atención, sensibilización y vinculación social. Su trabajo se enfoca en personas que enfrentan barreras físicas, cognitivas, sensoriales y sociales, así como en sus entornos familiares.
La fundación ha desarrollado estrategias de detección temprana y acompañamiento respetuoso, con una visión integral de la discapacidad. Parte de una premisa básica, pero poco asumida en las políticas públicas: estos procesos no se resuelven con acciones aisladas ni discursos bien intencionados. Requieren apoyo emocional constante, herramientas educativas adecuadas y una red comunitaria que no excluya.
A lo largo de los años, Siiniko’ob amplió su presencia y su impacto en la comunidad. Su trabajo cotidiano busca abrir caminos de comprensión y dignificación, tanto para quienes viven con una condición de discapacidad como para quienes requieren apoyos derivados de trastornos neurológicos. La inclusión, en este enfoque, no es un eslogan, sino una práctica diaria.
El evento también funcionó como un espacio de reflexión institucional. Reconocer estas trayectorias implica aceptar que aún existen rezagos estructurales en materia de accesibilidad, atención y acompañamiento. Sin embargo, también deja claro que hay esfuerzos locales que están marcando diferencia desde lo comunitario, muchas veces sin reflectores ni recursos suficientes.
A la Sesión Solemne asistieron autoridades estatales y representantes de otros poderes. Estuvieron presentes Nabil Eljure Terrazas, subsecretario de Gobierno; Saulo Aguilar Bernés, en representación de la XVIII Legislatura del Congreso del Estado; y María Amparo de Jesús Ruiz Barrón, en representación del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Su presencia reforzó el carácter institucional del reconocimiento.
Más allá del acto protocolario, el mensaje que quedó sobre la mesa es incómodo, pero necesario. La discapacidad sigue siendo vista, en muchos casos, desde la lástima o la excepción. Estos reconocimientos plantean otra mirada: la de la corresponsabilidad social y el derecho a una vida digna, con apoyos reales y sostenidos.
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