La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró siete predios en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, como resultado de un mega operativo regional por desmonte ilegal de más de 2 mil 600 hectáreas de selva. Las acciones, ejecutadas entre el 28 de mayo y el 14 de junio, revelaron desmontes masivos sin autorización para el cambio de uso de suelo.
En Quintana Roo, fueron inspeccionados predios en los municipios de José María Morelos y Othón P. Blanco. En el ejido Piedras Negras, el operativo, realizado con apoyo del Ejército Mexicano, detectó la remoción de vegetación nativa en 10.68 hectáreas. Se talaron ilegalmente especies protegidas como palma chit (Thrinax radiata), zamia (Zamia loddigesii) y caoba (Swietenia macrophylla), esta última incluida en el Apéndice II de CITES y en la NOM-059-SEMARNAT-2010.
En el ejido Juan Sarabia, en Othón P. Blanco, se identificó otro desmonte sin permisos en una superficie de 437.5 hectáreas. Las especies afectadas incluyeron jobillo (Astronium graveolens), palma de guano kum (Cryosophila argentea), así como otras especies reguladas por la normatividad nacional. En ambos casos, Profepa impuso clausura total.
Operativo simultáneo en tres estados
El mega operativo se extendió a Hopelchén y Calakmul, en Campeche, y a Tekax, en Yucatán. Se llevaron a cabo seis intervenciones en total: dos por estado. El saldo fue la clausura de siete predios, el aseguramiento de 108.5 metros cúbicos de madera en rollo y escuadría, maquinaria agrícola, tres tractores, una cosechadora, torres metálicas y herramientas de uso intensivo.
La superficie afectada suma 2 mil 608.9 hectáreas: 702 en Campeche, 606.4 en Yucatán y 1 mil 300.5 en Quintana Roo. En todos los casos se halló que las áreas de selva mediana subperennifolia, baja espinosa y mediana subcaducifolia fueron convertidas en monocultivos agroindustriales.
La Profepa confirmó que ningún predio contaba con autorización para cambiar el uso de suelo en terrenos forestales. La dependencia subrayó que estas acciones violan la legislación ambiental y representan una amenaza directa para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de la región.
Respaldados por fuerzas federales
La Procuraduría contó con apoyo de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y autoridades ambientales estatales. El despliegue conjunto buscó garantizar la seguridad de los operativos y frenar la expansión de la frontera agropecuaria a costa de selvas protegidas.
Profepa advirtió que mantendrá presencia activa en la Península de Yucatán para detener nuevas afectaciones, revertir daños ambientales y asegurar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. También informó que los expedientes administrativos abiertos podrían derivar en sanciones económicas, penales o de restauración ambiental, conforme al tipo y grado de afectación.
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