El estado de Quintana Roo firmó un Convenio de Colaboración con 105 nuevos jueces y juezas de Primera Instancia electos en los recientes comicios del Poder Judicial, convirtiéndose en la primera entidad del país en formalizar este tipo de acuerdo. Esta acción marca un parteaguas para la impartición de justicia con un enfoque social, humano y transparente en la entidad.
El convenio incluye un Curso de Inducción obligatorio que funcionará como etapa inicial de capacitación para los nuevos juzgadores. La intención es garantizar su integración efectiva y alineada con los principios del nuevo modelo judicial estatal. Participan 52 jueces de Cancún, 28 de Chetumal, 14 de Playa del Carmen y 11 que se incorporan de manera virtual desde otros municipios. La diversidad de sedes subraya el esfuerzo por una capacitación amplia y descentralizada.
Según el comunicado oficial, con este acuerdo también se creó una Comisión Técnica que tendrá a su cargo el diseño de programas de formación y actualización. Estos serán impartidos mediante la Universidad Judicial y abarcarán tanto a los nuevos jueces como a los que ya se encuentran en funciones, garantizando así un estándar profesional uniforme en todo el aparato judicial.
El plan forma parte de una estrategia de mayor alcance: profesionalizar la función judicial y eliminar la visión de que la justicia es un privilegio. Esto busca colocarla como un derecho tangible para toda la ciudadanía.
Colaboración institucional para una justicia más eficiente
Adicionalmente, el gobierno estatal firmó un segundo Convenio de Colaboración denominado «Fortalecimiento del Ejercicio de la Función Judicial». En él participan distintas instituciones, entre ellas el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Gobierno (SEGOB), la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), el Sistema DIF Quintana Roo y la Universidad Autónoma de Quintana Roo (Uaqroo).
Este segundo acuerdo tiene como objetivo acelerar, transparentar y hacer más accesibles los procesos judiciales. A través de esta coordinación interinstitucional se buscará establecer mecanismos para que los servicios judiciales sean más comprensibles para la población y que garanticen resultados más rápidos y justos.
Durante el evento de firma, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Judicatura, Heyden José Cebada Rivas, subrayó que este paso fortalece la justicia con una visión de «paz social y garantías ciudadanas». El magistrado añadió que esta transformación implica una responsabilidad compartida entre el aparato judicial, el Ejecutivo y la sociedad.
Las capacitaciones buscarán incluir temas de perspectiva de género, derechos humanos y acceso a la justicia para grupos vulnerables, lo cual responde a una exigencia ciudadana y una tendencia nacional de modernización judicial.
El modelo quintanarroense se perfila como un referente para otras entidades del país que aún no han iniciado procesos de inducción estructurada para sus jueces electos, ni firmado convenios de colaboración de este tipo. El mensaje que busca transmitir la administración estatal es claro: la justicia debe construirse desde abajo, con formación, cooperación y cercanía con la sociedad.
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