El acuerdo alcanzado entre el gobierno federal y Grupo México para el pago de mil 500 millones de pesos por la contaminación del río Sonora y la resolución de la huelga minera de Cananea marca un punto de inflexión en uno de los conflictos socioambientales más graves y prolongados del país. El convenio forma parte del Plan de Justicia para Cananea, que contempla una inversión total de 2 mil 222 millones de pesos y busca atender daños ambientales, afectaciones a la salud y una deuda laboral acumulada durante casi dos décadas.
El anuncio no solo cierra un conflicto sindical de 18 años, sino que también reabre el debate sobre la responsabilidad corporativa en desastres ambientales que siguen teniendo efectos medibles más de una década después.
Desde Sonora, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que el acuerdo fue resultado de un proceso de negociación con la empresa minera y que permitirá dar por concluida la huelga iniciada en 2007 en Cananea, una de las más largas en la historia laboral de México. Al mismo tiempo, el plan contempla acciones específicas de remediación ambiental y atención médica en comunidades afectadas por el derrame de residuos tóxicos ocurrido en agosto de 2014.
“El primer avance de las acciones coordinadas por el Gobierno de México logra finalizar la huelga de Cananea, alcanzando, por fin, la justicia social para los mineros”, afirmó la funcionaria durante la presentación oficial del plan.
El derrame del 6 de agosto de 2014, provocado por la minera Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, vertió millones de litros de desechos tóxicos al río Sonora. El evento fue catalogado como el peor desastre ambiental en la historia de la minería nacional. A más de once años de distancia, los impactos no han sido plenamente revertidos.
Daño ambiental persistente y responsabilidades pendientes
Dictámenes emitidos en 2023 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua confirmaron que el daño ambiental persiste a lo largo de al menos 400 kilómetros del cauce del río Sonora. Los estudios detectaron presencia de metales pesados y una sobreexplotación “muy grave” de los mantos acuíferos, con consecuencias directas para el acceso al agua, la actividad agropecuaria y la salud de las comunidades.
En ese contexto, el Plan de Justicia para Cananea no se limita a compensaciones económicas. Incluye un paquete de acciones de justicia ambiental y de salud pública que buscan atender las secuelas del desastre. Entre ellas se encuentra la construcción de 16 plantas potabilizadoras, la rehabilitación de otras ya existentes, la instalación de estaciones de monitoreo permanente de la calidad del agua y la operación de un laboratorio regional especializado en análisis hídricos.
Además, se anunció la construcción del Hospital Regional de Ures, que contará con 60 camas, 21 consultorios de especialidad, un centro de atención renal y un laboratorio enfocado en metales pesados y toxicología. Estas obras apuntan a responder a una demanda histórica de atención médica especializada en una región donde los riesgos ambientales han sido documentados durante años.
Esquema financiero y compensaciones directas
De acuerdo con la secretaria de Gobernación, el esquema financiero establece que Grupo México cubrirá el 70.14 por ciento del total de los recursos del plan, lo que equivale a los mil 500 millones de pesos anunciados. El Gobierno federal aportará el 21.7 por ciento, es decir, 483.6 millones de pesos, mientras que el gobierno de Sonora contribuirá con el 8 por ciento restante, equivalente a 180 millones de pesos.
A estos montos se suman 59 millones de pesos que la empresa había depositado previamente ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en 2018 y 2019. Según lo informado, los recursos destinados a los trabajadores mineros y a sus familias serán entregados de manera directa, sin intermediarios. “Los trabajadores mineros o sus viudas recibirán directamente el recurso”, subrayó Rodríguez.
El plan fue concebido originalmente en julio de 2021, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, como una estrategia integral de restitución de derechos. En noviembre de 2024, ya bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, se decidió dar continuidad al proyecto tras solicitudes de dirigentes sindicales y del gobierno estatal.
“La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio la orden de resolver esa añeja demanda social y comenzar las negociaciones con Grupo México”, señaló la secretaria.
El acuerdo permitirá atender demandas de comunidades afectadas
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum afirmó que el acuerdo permitirá atender prácticamente todas las demandas de las comunidades afectadas por la contaminación del río Sonora, que impactó a más de 22 mil personas, así como a sus tierras y animales. Reconoció que la empresa había resistido cumplir con todas las obras necesarias, pero finalmente aceptó avanzar en clínicas, monitoreo permanente del agua y remediación de suelos.
El acuerdo cierra un capítulo, pero también deja una lección incómoda: la justicia ambiental en México sigue llegando tarde, después de años de presión social y daños acumulados que no desaparecen con un solo anuncio.
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