Un juez federal concede suspensión definitiva contra la construcción de una casa de descanso militar, por riesgos ecológicos en Bacalar.
El Juzgado Primero de Distrito en Quintana Roo ordenó la suspensión definitiva de la polémica obra que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) construye junto a la laguna de Bacalar, tras un juicio de amparo promovido por ciudadanos y organizaciones ambientalistas. La medida judicial responde a denuncias sobre violaciones a la normativa ecológica y la falta de estudios de impacto ambiental.
Ángel Pool, abogado que encabeza la defensa ambiental, explicó que se aportaron pruebas suficientes sobre los daños causados por la obra. Entre ellas se incluyen el dragado ilegal, el uso de materiales contaminantes y la ausencia de un proyecto formal de construcción. Todo esto motivó al juez a ordenar, de forma definitiva, que la Sedena detenga los trabajos.
La resolución se emite dentro del juicio de amparo indirecto 241/2025, donde el juzgado determinó que los trabajos deben permanecer suspendidos, ratificando la suspensión provisional que ya se había emitido desde abril. Sin embargo, a pesar de esa primera orden, la Sedena continuó con la obra, lo que ahora podría derivar en consecuencias legales por desacato judicial.
Protestas ciudadanas y omisiones ambientales
Los vecinos de Bacalar, junto con colectivos ambientalistas, habían realizado múltiples manifestaciones desde marzo. Incluso llevaron a cabo clausuras simbólicas del terreno donde se construye lo que sería una casa de descanso para personal militar. Las protestas señalaron que los trabajos dañaban el ecosistema lagunar por la remoción de sedimentos y el vertido de desechos de construcción.
Una de las principales quejas es que la obra no cuenta con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), ni se ha hecho público un proyecto ejecutivo. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) alegó que los trabajos están amparados en una ampliación autorizada previamente, ya que se desarrollan en un predio propiedad de la propia Sedena. Pero para los promoventes del amparo, eso no exime a la institución de cumplir con la legislación ambiental.
La construcción en la zona, considerada uno de los cuerpos de agua dulce más valiosos y frágiles de México, encendió las alertas de varias organizaciones que acusan un doble discurso del gobierno federal: por un lado promueve políticas de sustentabilidad, y por otro permite obras sin permisos ni estudios adecuados.
La audiencia incidental del juicio está programada para el próximo 22 de mayo, donde se definirá si la suspensión definitiva se convierte en una medida permanente mientras se resuelve el fondo del amparo. El caso se ha convertido en un nuevo frente de confrontación entre grupos ambientalistas y autoridades militares, en un contexto donde la Sedena ha acumulado un creciente control sobre megaproyectos y obras civiles en el país.
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