La visita organizada por autoridades estatales y federales al Rancho Izaguirre, predio ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, ha desatado una ola de críticas por permitir el ingreso anticipado de influencers y periodistas afines al oficialismo, mientras colectivos de familiares de personas desaparecidas esperaban bajo el sol y fueron restringidos en su recorrido.
El lugar, identificado por madres buscadoras el pasado 5 de marzo, ha sido señalado como un presunto centro de exterminio y adiestramiento del crimen organizado. Según testimonios y hallazgos previos, en el sitio se encontraron cientos de prendas, restos óseos y testimonios que apuntan a prácticas sistemáticas de violencia y desaparición.
Influencers al frente del recorrido
Entre los primeros en acceder al rancho estuvieron Jorge Manuel Suárez Azcargota, Juncal Solano, Manuel Pedrero, Hans Salazar, Polo Puga y cuentas afines a la 4T como La Catrina Norteña y Revista Polemón. Su presencia fue ampliamente difundida en redes sociales, generando indignación entre activistas y familias.
«El Gobierno del Estado nos permitió, literalmente, ‘vengan, documenten’, y es lo que estamos haciendo», dijo Suárez Azcargota en un video donde asegura que no hay evidencia de crematorios. Comentarios similares fueron replicados por otros influencers, minimizando los indicios denunciados por los colectivos.
Juncal Solano, regidora de Tonalá, regresó a su faceta de influencer durante el recorrido: “En este rancho no había crematorios”, declaró, generando reclamos por desinformación y falta de sensibilidad.
Críticas por trato preferencial y montaje
El periodista Óscar Balderas denunció en su cuenta de X: “Los organizadores de la visita permitieron primero la entrada a influencers y periodistas y luego a los padres y madres buscadoras”.
Por su parte, Laura Sánchez Ley calificó el recorrido como una “falta de respeto total”, mientras otros usuarios y organizaciones exigieron explicaciones sobre el criterio legal que permitió priorizar la entrada de creadores de contenido por encima de familiares de víctimas.
Durante la visita, madres buscadoras denunciaron que el predio había sido alterado para aparentar orden y limpieza. “Esto es un museo, no una escena de investigación”, exclamó una mujer al descubrir con sus manos una zona hueca en el suelo que, según su experiencia, podría ocultar restos humanos.
«Lo pintaron, lo barrieron, lo arreglaron todo. Es un circo, una burla para nuestro dolor», afirmó Patricia Sotelo, madre de una joven desaparecida.
Raúl Servín, del colectivo Guerreros Buscadores, calificó el recorrido como un “teatro montado”, al tiempo que reprochó la nula transparencia y la restricción de acceso a zonas clave. “Queríamos ver dónde los jóvenes estuvieron privados de su libertad, pero todo está acordonado”, dijo.
La indignación escaló cuando se difundieron imágenes de columnistas e influencers tomándose selfies en el sitio, mientras madres buscadoras apenas lograban entrar tras largas horas de espera y forcejeos con funcionarios.
Un caso bajo la lupa
El Rancho Izaguirre fue hallado por colectivos el 5 de marzo. Desde entonces, testimonios y hallazgos han llevado a calificarlo como un presunto centro de desaparición y exterminio. La Fiscalía General de la República (FGR) asumió la investigación tras múltiples señalamientos de omisiones por parte de la fiscalía estatal.
El caso ha estremecido a un país que acumula más de 120,000 personas desaparecidas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), y ha puesto en el centro del debate la forma en que el gobierno gestiona la relación con las víctimas frente a la narrativa mediática.
La exigencia de las familias es clara: justicia, verdad, y un trato digno en cada paso del proceso.
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