En una decisión que marca un giro inédito en la estrategia del narcotráfico en México, operadores del Cártel de Sinaloa recibieron en febrero la orden de suspender de manera definitiva la producción de fentanilo, en respuesta a la reciente clasificación del grupo como organización terrorista extranjera (FTO) y terrorista global especialmente designado (SDGT) por parte del gobierno de Estados Unidos.
La instrucción —la tercera en menos de dos años— fue emitida directamente por “los jefes”, según revelaron operadores a periodistas de N+. Uno de los llamados “cocineros” entrevistados explicó que tras el anuncio de la Casa Blanca el 20 de febrero, “cualquier evidencia nos convierte en terroristas”, haciendo alusión a los riesgos legales y militares que implica esta nueva etiqueta internacional.
Un equipo periodístico que había documentado en 2022 el funcionamiento de un laboratorio clandestino en Sinaloa regresó al mismo sitio tres años después y lo encontró abandonado, con insumos químicos tirados, bidones vacíos y mascarillas cubiertas de polvo. “Ya está totalmente prohibido trabajar. Solo queda esconderse y sobrevivir”, relató uno de los responsables del laboratorio.
Las órdenes anteriores para suspender la producción se emitieron en mayo de 2023 —tras el inicio de la persecución de Los Chapitos— y julio de 2024, después de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, lo que desató una disputa interna entre las facciones del cártel. Este conflicto desestabilizó el modelo logístico, basado en la colaboración compartida de insumos y proveedores.
Presión binacional y migración de laboratorios
El cártel no ha detenido por completo su operación, sino que ha migrado su producción a estados con menor presencia militar y policiaca, como Sonora, Durango, Jalisco y Michoacán, según confirmó el periodista Víctor Valles. Estas nuevas ubicaciones han dificultado la detección por parte de las autoridades mexicanas.
Este cambio fue analizado por Insight Crime, que ya había documentado el colapso del modelo descentralizado de producción de fentanilo en su reportaje de enero de 2025. Según su investigación, la orden de Los Chapitos en 2023 fue clara: “quemen todo, se cerró el negocio”.
A partir de entonces, se instauró un modelo más centralizado y controlado desde las zonas serranas de Sinaloa. Aunque más costoso, este esquema permitió mejorar la calidad y la consistencia del producto: en 2024, la DEA informó que solo cinco de cada diez pastillas contenían una dosis letal, frente a siete en 2023.
Efectos en Estados Unidos: menos fentanilo, menos muertes
El reacomodo tuvo impactos inmediatos en Estados Unidos. Las incautaciones de fentanilo cayeron a 9.928 kilos en 2024, frente a los 12.257 kilos decomisados en 2023, y las muertes por sobredosis se redujeron un 17%, en lo que constituye la primera baja significativa en más de una década.
No obstante, Insight Crime advierte que no se trata de un desmantelamiento definitivo del negocio, sino de una etapa de consolidación. Las organizaciones están comenzando a utilizar nuevos precursores menos regulados y sustancias como la xilacina, un sedante veterinario que aumenta el volumen de producción al combinarse con el fentanilo.
La designación como organización terrorista coloca al Cártel de Sinaloa en una categoría distinta, lo que podría justificar acciones militares directas de EE. UU. en territorio extranjero, aumentar sanciones financieras y endurecer penas a quienes colaboren con sus redes.
El impacto ya se percibe no solo en la producción, sino también en la estrategia operativa del cártel, que busca evitar toda evidencia que lo vincule con el tráfico de fentanilo, aún cuando la demanda internacional se mantiene alta.
Lo que está ocurriendo, coinciden analistas, es la mutación del modelo narco en México: más clandestinidad, más sofisticación y una descentralización del poder, en respuesta a una presión externa sin precedentes. El mapa del narcotráfico se está redibujando, pero el negocio, aunque más silencioso, sigue vivo.
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