México enfrenta una de las peores crisis hídricas de las últimas décadas. Según un análisis de Catálisis, unidad tecnológica de Quinto Elemento Lab, 113 de las 210 principales presas del país —que concentran más del 90% del agua almacenable— están por debajo de su promedio histórico de almacenamiento. En muchas de ellas, el nivel del agua no supera el 20%, como en el caso de la presa Abelardo Rodríguez Luján en Hermosillo, Sonora.
El informe, basado en datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) entre 1991 y 2025, advierte que la mayoría de los embalses no llegaron ni a la mitad de su capacidad al cierre de octubre de 2024, mes clave tras la temporada de lluvias. Además, 12 presas rompieron sus mínimos históricos.
La situación es crítica en regiones como el Noroeste y el Pacífico Norte, donde el agua disponible ya no satisface la demanda agrícola y urbana. Sonora, Sinaloa y Chihuahua reportan pérdidas millonarias en el sector agropecuario y una presión creciente sobre la distribución del recurso. En Tamaulipas, por ejemplo, sólo el 25% de las tierras agrícolas han sido cultivadas por falta de riego.
Sequía persistente y estrés hídrico
Desde 2019, 7 de cada 10 presas en México almacenan menos agua de lo habitual, producto de cinco años consecutivos de sequía, el aumento de concesiones y el deterioro de suelos. Según el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), 126 presas ya no pueden cubrir la demanda y antes del 2040 se espera que sean al menos 139.
Conagua ha reconocido que 11 de las 13 regiones hidrológicas del país presentan déficit. Y en zonas fronterizas como la cuenca del río Bravo, el incumplimiento del tratado de aguas con Estados Unidos —vigente desde 1944— ya ha encendido las alarmas en Texas, donde legisladores y el gobernador Greg Abbott exigen sanciones por parte del Departamento de Estado.
El gobierno federal, a través del Plan Nacional Hídrico de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha anunciado la construcción de nueve grandes obras para captar, tratar y redistribuir agua. Sin embargo, especialistas como Francisco Peña de Paz (Colsan) cuestionan su enfoque: “No es un problema de escasez, sino de injusticia en la distribución. El agua se está entregando a grandes agroindustrias antes que a la población o a la producción alimentaria local”.
Además, hay dudas sobre la eficacia real de las obras hidráulicas. Casos como el de la presa El Realito en San Luis Potosí —que nunca ha cumplido su promesa de abastecimiento— alimentan la desconfianza pública.
Llamado a una auditoría hídrica nacional
Para Sandra Guido, de Conselva, la única vía realista de solución comienza con una auditoría nacional del agua. Actualmente, Conagua solo mide el nivel en presas, sin conocer con precisión cuánto se extrae de ríos y acuíferos, ni cuánta agua se pierde por fugas, evaporación o tomas clandestinas.
A esto se suman los impactos ecológicos de la sequía prolongada: erosión de suelos, pérdida de vegetación, azolvamiento de presas y un colapso paulatino de la llamada “infraestructura verde”.
Mientras tanto, proyectos como los Polos de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec en Coatzacoalcos avanzan con planes para desviar agua del río Uxpanapa, lo que genera nuevas tensiones sobre cómo y para quién se gestiona este recurso vital.
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