El gobierno mexicano ha comenzado a acelerar un plan para aumentar el suministro de agua a Estados Unidos, en respuesta a crecientes presiones por parte de la administración del presidente Donald Trump, que ha señalado el tema como posible punto de tensión en las negociaciones comerciales bilaterales.
El conflicto gira en torno al Tratado de Aguas de 1944, que establece el reparto del agua entre ambos países a través de las cuencas del Río Grande y el Río Colorado. En virtud del acuerdo, México debe enviar 1.75 millones de acres-pie de agua a EE. UU. cada cinco años. Sin embargo, a solo meses de que finalice el actual ciclo en octubre, México ha entregado menos del 40% de esa cuota.
Según datos de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, la cantidad adeudada equivaldría a suministrar agua a una ciudad mediana durante 14 años. Las autoridades mexicanas atribuyen el rezago a una sequía histórica, agravada por el cambio climático, que ha afectado la disponibilidad hídrica en el norte del país.
Trump presiona; México reacciona
La Casa Blanca no ha emitido comentarios oficiales, pero funcionarios y legisladores estadounidenses, especialmente en Texas, han intensificado sus críticas. El senador Ted Cruz advirtió que con Trump nuevamente en el poder, “ignorar el tratado ya no será una opción” para México, mientras que la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, acusó a México de romper el acuerdo mientras desarrolla su industria agrícola.
Las autoridades mexicanas temen que el tema del agua se incorpore a las negociaciones comerciales en curso, e incluso afecte la permanencia del T-MEC, tratado que vincula a México, Estados Unidos y Canadá. La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que el país está comprometido con el cumplimiento gradual del tratado y continuará las conversaciones diplomáticas.
Tensiones internas en México: el norte se resiste
El plan federal para acelerar las entregas ha generado una tormenta política interna. Según múltiples fuentes, el gobierno contempla aplicar una enmienda introducida al tratado en 2023 que permite tomar agua adicional de estados como Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, todos ellos con importante producción agrícola y ganadera.
La medida ha sido fuertemente rechazada por líderes estatales y productores, quienes advierten que en medio de la sequía, cumplir con EE. UU. comprometerá el abasto interno. “Ahorita, para Chihuahua, entregar agua es morir”, expresó el senador Mario Vázquez, del PAN. Incluso, algunos gobiernos estatales evalúan acciones legales contra la enmienda.
El tema del agua entre ambos países no es nuevo. En 2020, un enfrentamiento entre la Guardia Nacional mexicana y agricultores en la presa La Boquilla, en Chihuahua, terminó con un manifestante muerto. Expertos advierten que el tratado de 81 años no contempla escenarios modernos como el cambio climático ni el crecimiento agrícola impulsado por el comercio.
A pesar de las tensiones, el gobierno federal ha informado que hasta ahora ha entregado 122,000 acres-pie de agua y planea enviar otros 81,000. Aun así, la cifra quedaría por debajo del compromiso total.
La negativa reciente de EE.UU. a proporcionar un envío de emergencia del Río Colorado a Tijuana marcó otro punto de tensión. Aunque EE.UU. también enfrenta sequía, ha cumplido su parte del tratado, que lo obliga a enviar 1.5 millones de acres-pie al año a México.
“Hay presión para cumplir un tratado, pero en realidad no hay agua”, resume Vianey Rueda, investigadora de la Universidad de Michigan especializada en derecho hídrico internacional.
Con las elecciones en EE. UU. en puerta, y Trump reafirmando su postura proteccionista, el tema del agua se ha convertido en una pieza más del complejo ajedrez diplomático y comercial que México enfrenta en su relación con Washington.
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