El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de las Naciones Unidas activó el Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, en respuesta a indicios bien fundados de que esta práctica podría estar ocurriendo de forma generalizada o sistemática en México.
De acuerdo con el organismo, la desaparición forzada no se limita a actos cometidos directamente por agentes del Estado, sino que también puede atribuirse a grupos criminales o redes informales, siempre que estas actúen con la autorización, apoyo o aquiescencia de autoridades gubernamentales.
El Comité subrayó que la activación del artículo no prejuzga sobre las etapas siguientes del procedimiento, pero deja ver la seriedad con la que observa la situación en el país, lo que podría derivar en que el caso se presente ante la Asamblea General de la ONU si no se detectan mejoras sustanciales.
Organizaciones civiles respaldan la decisión
Diversas organizaciones de la sociedad civil manifestaron su respaldo a la medida del CED y emitieron un pronunciamiento conjunto en el que reprobaron la resolución aprobada por el Senado mexicano el pasado 8 de abril, en la que se niega la existencia de una práctica sistemática de desapariciones forzadas en México.
“Este pronunciamiento representa una negación oficial del contexto de violencia que viven cientos de miles de familias”, señalaron los colectivos.
En su posicionamiento, recordaron que el Estado mexicano es el principal responsable de investigar, sancionar y esclarecer estos delitos, y que su omisión o tolerancia equivalen a complicidad.
“La aquiescencia también es una forma de desaparición”, advirtieron.
Entre los firmantes del comunicado se encuentran organizaciones como Artículo 19, Data Cívica A.C., Fundación para la Justicia, Impunidad Cero, Idheas y el colectivo Búscame Buscando Desaparecidos México. Todas reiteraron su exigencia para que el Estado mexicano rectifique su postura negacionista y reconozca el valor de los mecanismos internacionales como aliados en la lucha contra la impunidad.
“Esperamos que el Estado mexicano reconozca en el CED y en la ONU un apoyo indispensable para que nunca más una persona desaparezca en este país”, afirmaron.
Contexto crítico
México enfrenta una crisis persistente de desapariciones. Según datos oficiales, más de 110,000 personas están actualmente desaparecidas o no localizadas. Sin embargo, diversos colectivos acusan al gobierno de subestimar o borrar cifras y de minimizar la participación estatal directa o indirecta en muchos casos.
La activación del Artículo 34 pone nuevamente el foco internacional sobre el compromiso del país con los derechos humanos, mientras las familias de personas desaparecidas continúan exigiendo verdad, justicia y garantías de no repetición.
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