El regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca ha reactivado un engranaje empresarial que convierte la detención de migrantes en un negocio altamente rentable. A diferencia de otros países, donde las prisiones están en manos públicas, en EE. UU. dos corporaciones privadas dominan este lucrativo mercado: GEO Group y CoreCivic.
La detención como modelo de negocio
La promesa de Trump de llevar a cabo una política de deportaciones masivas ha tenido un efecto inmediato en el mercado financiero. Desde que ganó las elecciones en noviembre, las acciones de GEO Group aumentaron casi un 90 %, mientras que las de CoreCivic subieron un 50 %.
George Zoley, fundador de GEO Group, lo dijo sin rodeos ante sus inversionistas: «Geo Group se creó para este momento único en la historia de nuestro país». En 2024, la empresa obtuvo ingresos por US$2.400 millones y espera duplicar sus servicios con la nueva administración. Entre sus principales inversionistas figuran BlackRock, Vanguard, FMR, Goldman Sachs y Wolf Hill.
CoreCivic, por su parte, recaudó US$2.000 millones en el mismo año y anticipa un crecimiento sin precedentes. Su director ejecutivo, Damon Hininger, declaró en febrero que este es “uno de los períodos más emocionantes” de su carrera, dado el volumen de contratos que anticipa firmar con el gobierno federal. También cuenta entre sus accionistas con BlackRock, Vanguard y otros fondos como River Road y Cooper Creek Partners.
Ambas empresas operan prisiones y centros de detención para migrantes mediante contratos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta agencia, dependiente del Departamento de Seguridad Nacional, ha acelerado los acuerdos para reabrir y construir nuevas instalaciones.
Un ejemplo concreto: en febrero, GEO Group firmó un contrato de 15 años por US$1.000 millones para reabrir el centro de detención Delaney Hall, en Nueva Jersey. Se espera que solo este acuerdo genere US$60 millones en ingresos anuales.
En Texas, CoreCivic reactivará el Centro Residencial Familiar del Sur, en Dilley, con capacidad para 2.400 personas. Este sitio, que operó bajo las administraciones de Obama y Trump, fue cerrado por el presidente Biden y ahora volverá a alojar familias detenidas.
Camas, contratos y presión política
La meta de Trump es deportar a un millón de migrantes indocumentados en una primera etapa. Para ello, necesita al menos 100.000 camas, más del doble de las 41.500 actuales financiadas por ICE. Hasta abril, el número de detenidos ascendía a unos 48.000, el nivel más alto en cinco años.
La urgencia ha llevado a ICE a solicitar permisos para agilizar procesos de contratación en estados como California y Michigan. Además, la administración lanzó una convocatoria para concesiones por hasta US$45.000 millones en servicios de detención, transporte, vigilancia y asistencia médica.
Este impulso ha incluido el uso de instalaciones militares como la Estación Naval de Guantánamo, en Cuba, desde donde se deportó a venezolanos hacia una cárcel de alta seguridad en El Salvador.
Críticas, rentabilidad y conflictos éticos
El alcalde de Newark, Ras Baraka, ha rechazado abiertamente la reapertura de Delaney Hall: “No queremos ser parte de esto”, expresó, al denunciar que las deportaciones no respetan el debido proceso legal.
El 70 % de los migrantes detenidos actualmente se encuentra en instalaciones privadas. Estas empresas también ofrecen monitoreo electrónico y transporte, servicios por los cuales cobran tarifas elevadas al Estado.
Brett Burkhardt, sociólogo de la Universidad Estatal de Oregón, advierte que los contratos son “muy lucrativos” y que las corporaciones tienen incentivos claros para financiar campañas políticas que promuevan políticas migratorias más estrictas.
Bianca Tylek, autora del libro La industria penitenciaria, señala que estas empresas “gastaron millones de dólares en apoyar campañas políticas que benefician su negocio”. Su modelo de rentabilidad se basa en detener al mayor número posible de personas, reduciendo costos al mínimo.
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