El cardenal peruano Juan Luis Cipriani enfrenta un nuevo escrutinio internacional. La ONG estadounidense Bishop Accountability ha exigido formalmente al Vaticano que le impida participar en las reuniones previas al cónclave papal, debido a una denuncia de abuso sexual por la que ya fue sancionado por el papa Francisco.
Anne Barrett Doyle, codirectora de la organización que documenta casos de violencia clerical, criticó duramente su presencia en estas congregaciones. «La participación de Cipriani se burla de la declaración de los cardenales sobre la importancia de los abusos. Envía un mensaje preocupante a las víctimas y garantiza respaldo a los obispos abusadores», señaló. En el comunicado, publicado en el sitio web oficial de Bishop Accountability, se exige que Cipriani sea excluido de inmediato.
La presión no es menor: el purpurado ha sido visto en varias actividades cardenalicias, incluyendo la exposición del féretro del papa y el homenaje en la basílica de Santa María la Mayor. Según el portal Crux, también participó en las discusiones sobre evangelización, abusos y el perfil del próximo pontífice.
El Vaticano guarda silencio sobre las restricciones
Matteo Bruni, portavoz del Vaticano, evitó dar detalles sobre si las sanciones impuestas por el papa Francisco siguen vigentes. «Todos los cardenales pueden participar en las congregaciones generales», dijo durante una rueda de prensa. Sólo agregó que la constitución Universi Dominici Gregis es clara al respecto, sin mencionar el caso específico de Cipriani.
Pero el silencio resulta inquietante, considerando que en 2018 el diario El País reveló una denuncia directa: una víctima aseguró haber sido abusada por Cipriani durante un acto de confesión en 1983, cuando tenía entre 16 y 17 años. La carta fue enviada directamente al papa. Tras recibirla, Francisco impuso restricciones a Cipriani sobre su actividad pública, residencia y uso de insignias.
A pesar de estas medidas, el cardenal fue captado portando el hábito cardenalicio durante las reuniones en el Vaticano, lo que representaría una violación de las sanción impuesta. «Si el castigo por agresión sexual a una menor no basta para impedirle planificar el próximo cónclave, ¿qué lo haría?», cuestionó Anne Barrett en su comunicado.
Para la ONG, permitir su presencia no solo contradice los principios que la Iglesia dice defender, sino que socava su autoridad moral. «La obligación más sagrada de la Iglesia es proteger a los niños. Incluir a un presunto abusador desacredita sus palabras», enfatizó.
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