Con 32 asesinatos documentados, México se consolidó como el segundo país más peligroso del mundo para personas defensoras de derechos humanos en 2024, solo detrás de Colombia, que registró 157 crímenes, según el informe Global Analysis 2024/25 de la organización internacional Front Line Defenders.
El reporte coloca a México por encima de países con contextos de conflicto severo como Guatemala (29 casos), Palestina (22), Brasil (15), Perú (9), Pakistán (7) y Somalia (6). La organización alertó sobre un deterioro sostenido de las condiciones para ejercer la defensa de derechos en el país, marcado por violencia, criminalización y ausencia de protección estatal.
Defensores indígenas: los más vulnerables
El informe advierte que la situación es especialmente crítica para las personas defensoras indígenas, quienes enfrentan hostigamiento, amenazas, asesinatos y procesos judiciales arbitrarios. En muchos casos, estas acciones buscan impedir su resistencia frente a megaproyectos, actividades empresariales y crimen organizado.
“La criminalización de quienes defienden sus comunidades y territorios en México responde a una estrategia sistémica en la que el Estado, en vez de protegerlos, se alinea con intereses empresariales y criminaliza sus denuncias”, destaca el análisis.
Además, el documento subraya que el sistema de justicia penal mexicano opera con un racismo estructural, negando el enfoque intercultural y vulnerando los derechos de los pueblos originarios.
“No solo se impide el derecho de defensa de sus territorios, sino que se rompe el tejido comunitario al encarcelar a sus líderes lejos de sus comunidades”, enfatiza el informe.
Casos emblemáticos de criminalización y asesinato
El informe detalla varios casos que ejemplifican esta realidad:
- Versaín Velasco García, defensor maya tzotzil, fue sentenciado a 58 años de prisión en Chiapas tras denunciar abusos de fuerzas de seguridad y crimen organizado en la comunidad Nueva Palestina.
- Tomás Martínez Mandujano, defensor otomí del Estado de México, cumple 43 años y 9 meses de condena por un homicidio que no cometió, tras oponerse al despojo de tierras en Llano Grande Azcapotzaltongo.
- Kenia Hernández Montalván, defensora amuzga, continúa presa desde 2022 con una sentencia superior a 21 años por oponerse a megaproyectos estatales.
- Marcelo Pérez Pérez, sacerdote tzotzil, fue asesinado en octubre pasado en San Cristóbal de Las Casas tras años de denunciar a grupos criminales y apoyar a pueblos indígenas.
El reporte también documenta agresiones contra quienes defienden los derechos de personas migrantes, víctimas de redes de trata y violencia por parte de grupos delictivos. Front Line Defenders advirtió sobre la colusión entre actores estatales, empresas y crimen organizado, especialmente en regiones indígenas donde se desarrollan actividades legales e ilegales como minería, tala, tráfico de drogas y acaparamiento de tierras.
Panorama global: 324 asesinatos en 32 países
Durante 2024, se registraron 324 asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos a nivel mundial:
- 84.6% eran hombres,
- 13.3% mujeres,
- 1.2% personas trans o de género no conforme.
En cuanto a los responsables, el 54.6% fueron actores no estatales, el 15.1% actores estatales, y en 29.7% de los casos no se logró identificar a los autores. Los sectores más afectados fueron:
- Defensores de tierras (20.4%),
- Derechos de pueblos indígenas (17.9%),
- Documentadores de abusos en conflictos armados (5.2%).
El informe de Front Line Defenders es un llamado urgente a las autoridades mexicanas para garantizar la protección efectiva de personas defensoras, reformar el sistema de justicia con enfoque intercultural y poner fin a la criminalización estructural de quienes defienden derechos fundamentales.
También te puede interesar: Claudia Sheinbaum minimiza riesgo electoral por candidatos ligados al narcotráfico y pide a ciudadanos no votar por perfiles cuestionados
