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    Claudia Sheinbaum minimiza riesgo electoral por candidatos ligados al narcotráfico y pide a ciudadanos no votar por perfiles cuestionados

    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles que la presunta vinculación de 26 candidatos a jueces, magistrados y ministros con el narcotráfico no representa una amenaza para la elección del próximo 1 de junio, en la que se renovarán 881 cargos del Poder Judicial, tanto en el ámbito federal como local.

    La mandataria federal fue cuestionada sobre la posible decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de rechazar la petición del Congreso de la Unión —impulsada por Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, presidentes de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados— para cancelar las candidaturas de perfiles considerados “riesgosos”.

    La presidenta advirtió que mucha de la información que circula sobre el tema proviene de redes sociales y no siempre es verificable ni certera, por lo que llamó a no sobredimensionar los señalamientos sin pruebas.

    El papel del Tribunal Electoral

    Ante el eventual rechazo de la petición por parte del INE, Sheinbaum indicó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) será la instancia encargada de resolver el tema. En caso de que las candidaturas se mantengan, recomendó que sea la ciudadanía quien ejerza su juicio al momento de votar.

    Harfuch presentará informe sobre jueces y narcotráfico

    En un anuncio adicional, Sheinbaum informó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentará este jueves un informe sobre jueces actualmente en funciones que han liberado a presuntos narcotraficantes.

    Contexto: propuesta inédita de elección judicial

    La elección del 1 de junio es la primera en la historia de México en la que la ciudadanía votará para elegir directamente a integrantes del Poder Judicial, en el marco de la reforma constitucional impulsada por el gobierno de la Cuarta Transformación. Sin embargo, la posibilidad de que haya aspirantes vinculados al crimen organizado ha despertado críticas y preocupación por parte de opositores, especialistas y organismos civiles.

    Mientras el INE prepara la logística electoral y el Congreso insiste en depurar las listas de aspirantes, la presidencia apuesta por la supervisión institucional, la transparencia pública y el voto informado como mecanismos de control democrático.

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