El caso de Banco Famsa da un nuevo giro con la vinculación a proceso de altos directivos, acusados de falsificar información enviada a la CNBV.
Irregularidades detectadas en Banco Famsa
El 1 de diciembre de 2024, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la vinculación a proceso de cinco miembros del Consejo de Administración de Banco Ahorro Famsa SA
Según la FGR, los directivos omitieron reportar una operación clave: una aportación de 4,250 millones de pesos al fideicomiso Promobien. Esta transacción entre partes relacionadas debía ser comunicada al ente regulador, en cumplimiento del artículo 113, fracción V, de la Ley de Instituciones de Crédito, que obliga a las entidades
Contexto del caso: un historial de irregularidades
La situación irregular de Banco Famsa no es nueva. En junio de 2020, la CNBV revocó la licencia de operación de la institución financiera debido a problemas de capitalización y prácticas irregulares. Estos antecedentes marcaron el inicio de una serie de investigaciones que derivaron en demandas y sanciones.
En octubre de 2024, un grupo de 181 inversionistas afectados presentó una demanda contra la CNBV, argumentando negligencia al no intervenir oportunamente en el caso. Los demandantes exigen una indemnización de 840 millones de pesos por las pérdidas sufridas.
Impacto en los ahorradores y acciones legales
Las acciones de los directivos ahora vinculadas a proceso tuvieron graves consecuencias para los ahorradores, quienes vieron comprometidos sus recursos debido a la falta de transparencia en las operaciones del banco. Este caso subraya la importancia de la supervisión y el cumplimiento de las disposiciones legales en el sector financiero.
El proceso judicial contra los cinco directivos representa un paso adelante en la búsqueda de justicia para los afectados.
Reacciones y expectativas
La vinculación a proceso de los directivos ha generado diversas reacciones en el ámbito financiero y legal. Expertos señalan que este caso podría sentar un precedente importante en la regulación de las instituciones financieras en México, reforzando la importancia de la transparencia y la ética en el sector.
Por otro lado, los ahorradores afectados esperan que este proceso conduzca a una reparación de los daños y medidas más estrictas para evitar futuros casos de fraude financiero.
