La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó tajantemente el informe emitido por la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), el cual recomendaba no replicar en otros países la reciente elección judicial llevada a cabo en México.
Durante la presentación del programa ‘Casa por Casa’ en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos, Sheinbaum afirmó que esas recomendaciones «no están dentro de sus funciones». La mandataria recordó que el papel de los observadores internacionales debe limitarse a verificar que los comicios se realicen en condiciones de legalidad, sin emitir juicios sobre la soberanía de los países.
«No les corresponde decirnos cómo debemos elegir a nuestro Poder Judicial», señaló la presidenta, en una postura que coincide con el pronunciamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que calificó el informe de la OEA como una intromisión injustificada.
Gobierno acusa injerencia de la OEA en la elección judicial
A través de un comunicado oficial, el gobierno mexicano expresó su «firme rechazo» a algunas de las recomendaciones contenidas en el informe preliminar emitido por los observadores internacionales tras las elecciones judiciales celebradas el pasado 1 de junio.
La SRE envió una carta al secretario general de la OEA, Albert Ramdin, en la que argumenta que la Misión de Observación Electoral sobrepasó el mandato que le fue conferido, incurriendo en una violación directa a los principios fundamentales de la Carta de la OEA.
«En particular, el Artículo 3, inciso e, establece que todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse de la forma que más le convenga», subraya la misiva.
Según el gobierno de Sheinbaum, una Misión de Observación Electoral no está autorizada para imponer criterios sobre la conformación de los poderes nacionales, mucho menos para emitir valoraciones que exceden sus facultades.
El informe cuestionado indicaba que el modelo mexicano de elección judicial podría comprometer la independencia del Poder Judicial, al estar influenciado por el voto popular y el contexto político del momento. Sin embargo, las autoridades mexicanas defendieron que el proceso se apegó estrictamente a la legalidad vigente.
«La organización del proceso electoral y la celebración de los comicios cumplió con las normas constitucionales y electorales de nuestro país», reiteró la SRE.
La respuesta del gobierno mexicano reaviva las tensiones entre la administración federal y los organismos internacionales, particularmente aquellos que han expresado preocupaciones sobre la reforma judicial y la participación del Ejecutivo en la selección de jueces y magistrados.
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