La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este miércoles que el programa que impulsa el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para regularizar viviendas ocupadas de forma irregular no vulnerará la propiedad privada ni afectará los derechos de los legítimos propietarios.
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum precisó que la propuesta del Infonavit, que ha causado inquietudes en algunos sectores, no contempla despojos ni expropiaciones, y que cualquier medida estará sustentada en el respeto al marco legal.
“Que no haya malas interpretaciones: constitucionalmente la propiedad privada está resguardada”, subrayó la mandataria en su conferencia matutina.
El problema de las viviendas abandonadas
La iniciativa surge en respuesta a un grave problema estructural de abandono habitacional. Según datos del propio Infonavit, existen alrededor de 800,000 viviendas en esta condición en todo el país, muchas de las cuales fueron construidas durante administraciones anteriores en zonas alejadas, sin servicios, ni condiciones mínimas de habitabilidad.
“Muchas de esas viviendas fueron vendidas hasta cinco veces, lo que generó fraudes. En otros casos, los trabajadores las dejaron porque estaban demasiado lejos y no podían ni siquiera rentarlas”, explicó Sheinbaum.
El gobierno ha invertido miles de millones de pesos en intentos fallidos por recuperar esas viviendas, la mayoría a través de despachos externos, sin éxito. Por ello, ahora se realiza un censo nacional para conocer el estatus jurídico y físico de cada una, con el objetivo de plantear soluciones sostenibles.
Renta con opción a compra
El director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que se planea lanzar un programa de renta con opción a compra, incluso para personas que actualmente ocupan las viviendas de forma irregular y que no son derechohabientes del instituto.
Hasta la fecha, se han censado 168,000 viviendas en situación problemática: 145,000 están ocupadas sin regularización y 23,000 están vandalizadas o completamente abandonadas.
“Si hay ocupantes irregulares, no los vamos a desalojar de inmediato, pero se les advertirá que si no se regularizan, nunca podrán ser dueños”, explicó Romero.
El programa también contempla alternativas para los antiguos propietarios que abandonaron sus viviendas debido a condiciones precarias o créditos impagables, con el objetivo de ofrecerles una solución justa y adecuada a su situación.
Una solución legal, justa y estructural
Sheinbaum enfatizó que el enfoque del programa es legal, transparente y con visión social, evitando la criminalización de quienes, por necesidad, habitan estas viviendas. También recalcó que este proyecto no compromete los créditos vigentes ni afecta a quienes siguen pagando sus viviendas.
“No se trata de cerrar los ojos. Tenemos 800,000 viviendas construidas que, en su mayoría, no están ocupadas. No podemos ignorar esa realidad”, concluyó.
El plan se inscribe dentro de la política habitacional del sexenio, que contempla construir más de un millón de nuevas viviendas en todo el país, con criterios de ubicación, conectividad y servicios, aprendiendo de los errores del pasado.
Con este enfoque, el gobierno busca atender el déficit habitacional, combatir el abandono inmobiliario y evitar conflictos sociales, apostando por una solución que beneficie tanto a los ocupantes actuales como a los trabajadores que en su momento confiaron en acceder a una vivienda digna.
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