Una corte federal en Nueva York otorgó al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, una nueva prórroga de 90 días para presentar su apelación contra la sentencia de 38 años de prisión dictada en octubre de 2024 por delitos relacionados con el narcotráfico, incluyendo conspiración para traficar cocaína y lavado de dinero. La jueza Alison Nathan, de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, aprobó la extensión hasta el 18 de diciembre de 2025, según una resolución publicada el martes por el periodista Arturo Ángel y registrada en los archivos judiciales del caso. Esta decisión marca la tercera ampliación de plazo concedida al exfuncionario, pero se distingue como la primera en la que se emiten órdenes específicas al Buró Federal de Prisiones (BOP) para mejorar las condiciones de comunicación y trato.
El fallo responde a las reiteradas quejas de la defensa, liderada por los abogados César de Castro y Valerie Gotlib, quienes denunciaron que en los últimos ocho meses solo lograron una breve conversación con García Luna, imposibilitando una preparación adecuada de la apelación. Además, señalaron que se le negó acceso a los documentos y transcripciones de su juicio, afectando gravemente su derecho a una defensa efectiva. En escritos previos, los letrados detallaron abusos sufridos por García Luna durante su reclusión en una prisión de Virginia, donde se le prohibió usar cubiertos, se le restringió el acceso a duchas, afeitarse o cambiarse de ropa —recibiendo solo un par de ropa interior— y fue confinado en una unidad especial para infractores sin haber cometido faltas disciplinarias. Estas condiciones le provocaron una pérdida de 14 kilos (32 libras), agravando su estado físico y mental.
Actualmente recluido en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, Colorado, conocida por albergar a algunos de los criminales más peligrosos de EE. UU., la defensa reportó que los maltratos físicos han disminuido, aunque la incomunicación persistía hasta esta orden judicial. La resolución de Nathan instruye al BOP a establecer un sistema de llamadas legales programadas y visitas presenciales regulares, un paso crucial que podría influir en la estrategia de apelación, donde García Luna busca anular su condena al argumentar irregularidades en el proceso y falta de pruebas concluyentes sobre su vínculo con el Cártel de Sinaloa. Este desarrollo añade un giro significativo a un caso que ha captado la atención internacional, destacando las tensiones entre los sistemas penitenciarios y los derechos de los reclusos de alto perfil.
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