El avance del caso de acoso contra la presidenta Claudia Sheinbaum se convirtió en uno de los temas centrales de la agenda pública, tras conocerse nuevos detalles sobre la denuncia presentada contra Uriel Rivera Martínez, el hombre que la agredió durante un recorrido en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La mandataria explicó cómo avanza el procedimiento y qué medidas impulsa su gobierno para unificar las sanciones por acoso y abuso en todo el país. El tema crece en relevancia política porque el proceso abre un análisis sobre la actuación de fiscalías, los vacíos legales y la urgencia de homologar criterios. La propia Presidenta confirmó que el informe enviado por escrito a la Fiscalía capitalina fue suficiente para integrar la carpeta de investigación, lo que generó cuestionamientos sobre el procedimiento y las acciones para reforzar la protección a las mujeres.
Escalada del caso y ruta de denuncia
En su conferencia del 21 de noviembre, Sheinbaum precisó que no acudió de inmediato al Ministerio Público porque la fiscal Bertha Alcalde le indicó que bastaba con entregar un documento detallado del incidente. La Presidenta firmó y remitió el escrito para avanzar en la integración del expediente, y reiteró que está dispuesta a formalizar una denuncia presencial si así lo requiere el proceso. Señaló que denunciar es indispensable para evitar que cualquier agresión quede impune y para reforzar la sanción de delitos que afectan cotidianamente a miles de mujeres.
Sheinbaum adelantó que el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se presentarán avances sobre la homologación de sanciones en los estados. Citlalli Hernández, secretaria de Bienestar, asistirá para exponer los acuerdos con gobiernos estatales, fiscalías y tribunales. La mandataria afirmó que ya hay consenso para llevar reformas a los congresos locales que fortalezcan las penas contra el acoso y abuso.
El caso abrió un debate nacional sobre cómo deben gestionarse estos procesos cuando involucran a figuras públicas. Sheinbaum insistió en que el procedimiento debe ser claro, efectivo y accesible para todas las mujeres, sin importar su nivel de exposición. Su postura apunta a que el caso sirva como ejemplo para reforzar la ley en cada entidad.
Identidad del agresor y trayectoria del proceso
La Fiscalía identificó a Uriel Rivera Martínez como el responsable de acosar a la Presidenta en el Centro Histórico. Fue detenido el 4 de noviembre a las 21:00 horas. Durante su declaración afirmó que no recordaba lo ocurrido porque estaba “drogado y tomado”, y que desconocía que la persona a la que se acercó era la Presidenta. Vive en situación de calle en la zona centro y realiza trabajos esporádicos para sobrevivir. Su historial incluye tres remisiones al juzgado cívico por alterar el orden y por consumo de alcohol en vía pública.
La revisión médica en el Ministerio Público determinó que padece sordera, condición que atribuye a una golpiza que sufrió en 2024. Además, relató que perdió contacto con su familia después de la muerte de su madre en 2004. Estos antecedentes han provocado discusión pública sobre el tratamiento institucional hacia personas en situación de vulnerabilidad que incurren en delitos.
Sheinbaum recalcó que el proceso debe seguir su curso legal y que la sanción es necesaria. Consideró que este caso debe impulsar la creación de un marco normativo más sólido para atender denuncias de acoso. El gobierno federal trabaja con estados para presentar propuestas de reforma que permitan acciones uniformes y prontas.
Impacto político y nuevas medidas nacionales
El avance del caso también incidió en la agenda de seguridad para mujeres. La Presidenta indicó que la homologación de sanciones busca garantizar reglas claras en todas las entidades. Destacó que es necesario que las fiscalías cuenten con herramientas legales equivalentes para actuar con rapidez y contundencia. Adelantó que los avances incluirán datos sobre los estados que ya aceptaron las propuestas y los que están en proceso.
De acuerdo con la mandataria, varios gobiernos estatales respaldan esta ruta. Ese apoyo permitirá construir un sistema legal más coherente y que evite lagunas jurídicas entre entidades. La Presidenta insistió en que ninguna mujer debe quedar sin protección y que el Estado debe actuar con firmeza ante cualquier agresión.
En las próximas semanas, continuará la revisión del caso en la Fiscalía capitalina, mientras se impulsan las reformas legislativas en los estados. Para Sheinbaum, el caso simboliza un compromiso directo con la erradicación del acoso y con la construcción de un país donde ninguna mujer enfrente violencia sin respaldo institucional.
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