La emergencia por el incendio masivo en el complejo residencial Wang Fuk Court sigue revelando su magnitud. Las autoridades de Hong Kong elevaron a 128 el número de personas fallecidas tras el fuego que consumió siete de las ocho torres del conjunto habitacional el miércoles pasado. A la par, se confirmó la detención de ocho personas presuntamente vinculadas a irregularidades en la renovación del complejo, entre ellos directivos de firmas de arquitectura y construcción. La tragedia expuso fallas graves en seguridad estructural y abrió investigaciones más amplias sobre corrupción, contratos públicos y negligencia empresarial.
Autoridades confirman negligencias y amplían las detenciones
La Comisión Independiente contra la Corrupción arrestó primero a dos ejecutivos de Will Power Architects, la firma consultora a cargo del proyecto de renovación. Horas después detuvo a otras seis personas, incluidos gestores de proyecto, la pareja dueña de una empresa subcontratada para andamiaje y un intermediario. Las primeras indagatorias sugieren fallas en la rehabilitación y posibles beneficios indebidos durante la asignación del contrato.
El fuego se extendió con rapidez debido al uso de planchas de poliestireno expandido altamente inflamable colocadas en los huecos de ascensores, además de mallas exteriores sin resistencia al fuego. Estos factores provocaron que las llamas saltaran de la torre 8 —donde comenzó el incendio— hacia otros seis edificios.
El complejo, construido en 1984 y habitado por unas 4,600 personas, albergaba a un número considerable de adultos mayores que no pudieron evacuar con rapidez. Aún se registran alrededor de 200 personas desaparecidas.
Investigación apunta a fallas sistémicas en seguridad y contratos
El jefe del Ejecutivo, John Lee, ordenó revisar de inmediato todos los conjuntos de vivienda pública que estén en obras de rehabilitación mayor. La preocupación creció luego de conocerse que Prestige Construction & Engineering, la empresa responsable de la obra, acumulaba sanciones previas por incumplimientos de seguridad laboral.
Tres directivos de esa firma —Hau Wa-kin, Ho Kin-yip y el apoderado Steve Wong Chung-kee— fueron detenidos y acusados de homicidio imprudente grave. El contrato de renovación, otorgado en 2023 por 330 millones de dólares hongkoneses (unos 42 millones de dólares estadounidenses), había sido ganado por Prestige frente a 57 competidores.
Las autoridades formaron un equipo especial anticorrupción para revisar si existieron irregularidades en la adjudicación del contrato y en la supervisión de la obra. Investigadores consideran que la combinación de materiales riesgosos, malas prácticas de mantenimiento y decisiones empresariales cuestionables generaron un escenario propicio para una tragedia de esta magnitud.
Gobierno enfrenta presión pública y exigencia de reformas
La tragedia, considerada una de las peores en la historia reciente de Hong Kong, desató críticas sobre la falta de vigilancia en proyectos de rehabilitación de viviendas públicas. Residentes del área denunciaron que los trabajos habían avanzado con retrasos, falta de claridad y quejas previas por andamios, instalaciones temporales y materiales usados.
El gobierno enfrenta ahora una presión significativa para reformar la normativa de seguridad en rehabilitaciones, reforzar evaluaciones de riesgo y revisar la participación de contratistas con antecedentes negativos.
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