Autoridades de Durango detuvieron a Antonio “N”, extesorero municipal de Gómez Palacio, por su presunta responsabilidad en el pago irregular de casi 18 millones de pesos destinados a indemnizaciones de servidores públicos. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango sostiene que el exfuncionario habría autorizado 291 cheques sin cumplir los requisitos legales establecidos para este tipo de pagos. El caso volvió a colocar bajo la lupa el manejo de recursos públicos en administraciones municipales y abrió cuestionamientos sobre posibles daños al patrimonio del Ayuntamiento de Gómez Palacio.
Fiscalía acusa pagos irregulares por casi 18 millones
La detención de Antonio “N” ocurrió en Torreón, Coahuila, mediante un operativo coordinado entre corporaciones de seguridad de Durango y Coahuila.
De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción de Durango, el exfuncionario enfrenta acusaciones relacionadas con el presunto delito de Uso Indebido de Atribuciones y Facultades por decisiones tomadas cuando se desempeñó como tesorero municipal de Gómez Palacio durante la administración 2019-2022.
Las investigaciones señalan que Antonio “N” habría librado 291 cheques por un monto total de 17 millones 953 mil 386 pesos bajo el concepto de indemnización por despido a distintos servidores públicos municipales.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que esos pagos no cumplían con las condiciones legales necesarias para proceder conforme a la normatividad vigente.
La autoridad considera que las indemnizaciones constitucionales no pueden entregarse automáticamente y requieren acreditar formalmente un despido injustificado acompañado de convenios escritos que respalden cada pago realizado.
Además, las investigaciones apuntan a que el exfuncionario tenía bajo su responsabilidad directa la administración de fondos públicos, autorización de pagos y manejo financiero del Ayuntamiento.
Especialistas consideran que el caso podría convertirse en uno de los procesos anticorrupción más relevantes recientes en Durango debido al monto involucrado y a la cantidad de pagos presuntamente irregulares detectados por las autoridades ministeriales.
Investigación se basa en cientos de cheques emitidos
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción sostiene que el caso se construyó a partir de documentación relacionada con los 291 cheques emitidos durante la gestión de Antonio “N”.
Según la autoridad, los pagos presuntamente ocasionaron un daño económico importante al patrimonio público del municipio de Gómez Palacio.
Las investigaciones citan como fundamento el artículo 123 de la Constitución mexicana y diversos artículos de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango.
De acuerdo con esas disposiciones, la indemnización laboral solo procede cuando existe evidencia formal de despido injustificado y documentos que acrediten legalmente el acuerdo entre las partes involucradas.
La Fiscalía considera que varios de los pagos realizados no contaban con ese soporte documental obligatorio, situación que derivó en la apertura del proceso penal.
Además, el caso también reavivó cuestionamientos sobre los controles internos existentes dentro de gobiernos municipales para autorizar pagos millonarios relacionados con separación laboral de funcionarios y empleados públicos.
Analistas en transparencia consideran que este tipo de investigaciones reflejan la creciente presión sobre administraciones estatales y municipales para justificar el uso de recursos públicos y fortalecer mecanismos de supervisión financiera.
Hasta ahora, las autoridades no revelaron públicamente la identidad de todos los servidores públicos que habrían recibido las indemnizaciones investigadas.
Antonio “N” enfrentará proceso judicial en Durango
Tras su captura, Antonio “N” fue puesto a disposición de autoridades judiciales que determinarán su situación jurídica durante las próximas audiencias.
La Fiscalía Anticorrupción busca acreditar que el exfuncionario utilizó indebidamente las facultades de su cargo para autorizar pagos fuera de los límites permitidos por la ley.
El operativo de captura contó con participación de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción de Durango, corporaciones de Coahuila y elementos del Mando Especial de La Laguna.
Mientras tanto, especialistas recuerdan que el exfuncionario mantiene derecho a la presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial definitiva.
El caso también genera interés debido al contexto nacional de investigaciones por presuntos desvíos de recursos públicos y corrupción en gobiernos municipales de distintas entidades del país.
Para habitantes de Gómez Palacio, uno de los principales cuestionamientos gira alrededor del posible impacto económico que estos pagos pudieron generar sobre las finanzas municipales.
Además, la investigación podría abrir nuevas líneas relacionadas con otros funcionarios, autorizaciones administrativas y controles financieros aplicados durante la administración 2019-2022.
Las autoridades ministeriales continúan integrando pruebas y documentación para determinar si existieron más irregularidades relacionadas con manejo de recursos públicos en el Ayuntamiento de Gómez Palacio.
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