El caso de Karime, una mujer trans internada contra su voluntad en un anexo vinculado con la llamada Patrulla Espiritual en Tijuana, detonó una intensa confrontación social, política y de derechos humanos en Baja California. Mientras colectivos LGBTIQ+ denuncian posibles terapias de conversión y vulneración a la identidad de género, grupos conservadores salieron a marchar para respaldar al Centro Cristiano de Rehabilitación Jireh y defender el internamiento involuntario de personas con problemas de adicciones.
La polémica comenzó el pasado 9 de mayo, cuando la Patrulla Espiritual difundió un video donde se observa cómo integrantes del grupo interceptan y trasladan por la fuerza a Karime en calles de la colonia Durango, en Tijuana.
Las imágenes rápidamente se viralizaron y generaron indignación entre activistas y organizaciones de diversidad sexual, quienes denunciaron posibles actos de violencia, humillación y privación ilegal de la libertad.
De acuerdo con las denuncias, una vez dentro del centro de rehabilitación, Karime habría sido obligada a vestir ropa masculina y cortarse el cabello, pese a identificarse como mujer trans.
Más de 150 organizaciones LGBTIQ+ acusaron al Centro Cristiano de Rehabilitación Jireh de aplicar prácticas relacionadas con los llamados ECOSIG, conocidos como terapias de conversión.
Estas prácticas buscan modificar o reprimir la orientación sexual o identidad de género de las personas y actualmente están prohibidas en Baja California y en gran parte del país.
La controversia escaló todavía más a finales de mayo, cuando miles de personas marcharon en Tijuana bajo consignas como “a favor de la vida y la familia” para respaldar públicamente a la Patrulla Espiritual.
La movilización fue encabezada por Jesús Ignacio Osuna Torres, conocido como “El Chikilín”, fundador de la agrupación que cuenta con millones de seguidores en TikTok.
Activistas denuncian amenazas y exigen respeto a derechos humanos
Tras la viralización del caso, colectivos de diversidad sexual comenzaron protestas y campañas públicas para exigir la liberación de Karime y una investigación contra el anexo.
Paola Pereira, presidenta del Comité Orgullo Mexicali, afirmó que el problema no es la rehabilitación de personas con adicciones, sino las posibles violaciones a derechos humanos dentro de algunos centros.
“No estamos en contra de la rehabilitación de Karime. Lo que pedimos es que sean tratos justos, con perspectiva de género”, declaró la activista.
Pereira explicó que muchos anexos operan bajo enfoques religiosos y carecen de capacitación para atender adecuadamente a personas de la diversidad sexual.
“Hay diferentes centros de rehabilitación que no tienen el conocimiento y la capacitación para tratar con personas que son de la diversidad sexual”, agregó.
La activista también denunció amenazas y acoso en redes sociales contra integrantes del movimiento LGBTIQ+ y periodistas que han cuestionado las prácticas de la Patrulla Espiritual.
“Hemos recibido múltiples amenazas por parte de seguidores de esta agrupación”, señaló.
Ante la presión pública, la Fiscalía General de Baja California abrió el 13 de mayo una carpeta de investigación por posibles delitos relacionados con privación ilegal de la libertad.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos también inició un expediente para investigar posibles abusos cometidos dentro del Centro Cristiano de Rehabilitación Jireh.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila aseguró que su administración trabajará por el respeto a los derechos humanos y condenó cualquier amenaza contra ciudadanos o periodistas.
“Siempre vamos a trabajar por el respeto a los derechos humanos”, declaró la mandataria estatal.
Karime salió del anexo tras un amparo judicial
El caso dio un giro importante después de que activistas y la Defensoría Pública presentaran un amparo para exigir la liberación de Karime. Un juez falló a favor de la joven y ordenó detener cualquier acto relacionado con incomunicación, tratos crueles o privación de la libertad.
El 20 de mayo comenzó a circular el video donde Karime abandona finalmente las instalaciones del anexo. Sin embargo, el debate social apenas comenzaba.
La madre de la joven rechazó públicamente su salida y continuó refiriéndose a ella en masculino, situación que volvió a generar críticas y discusiones sobre violencia familiar y negación de identidad de género.
El caso también reabrió preguntas complejas sobre autonomía, derechos humanos y el internamiento involuntario de personas mayores de edad con problemas de consumo de sustancias.
Organismos internacionales advierten riesgos
Organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han advertido durante años sobre los riesgos de los ECOSIG y de centros sin supervisión estatal.
La ONU define estas prácticas como intentos por “cambiar, suprimir o alterar” la orientación sexual o identidad de género de una persona.
En México, la Ciudad de México fue pionera en tipificar los ECOSIG como delito en 2020. Actualmente, 22 estados ya cuentan con sanciones similares y el Senado aprobó una prohibición federal en 2024.
Además, datos de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género revelan que una de cada diez personas LGBTIQ+ fue obligada por familiares a acudir con psicólogos o autoridades religiosas debido a su orientación o identidad.
Mientras tanto, colectivos en Baja California advierten sobre un posible retroceso en derechos humanos frente al crecimiento de movimientos conservadores.
“Queremos que no haya un retroceso, que no nos quiten derechos que tanto nos han costado”, expresó Paola Pereira.
El caso Karime ya se convirtió en uno de los episodios más sensibles y debatidos sobre identidad de género, derechos humanos y anexos de rehabilitación en México durante los últimos años.
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