Un juez modificó la medida cautelar del exgobernador de Baja California, quien permanecerá en su domicilio bajo vigilancia mientras continúa el proceso por presunto huachicol fiscal.
Juez modifica la medida cautelar
Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, dejará el penal de máxima seguridad del Altiplano para continuar en prisión domiciliaria el proceso penal que enfrenta por su presunta participación en una red relacionada con el llamado huachicol fiscal.
La decisión fue tomada este viernes por un juez durante una audiencia incidental en la que se analizó la solicitud de la defensa para modificar las condiciones de reclusión del exmandatario.
Ruffo Appel permanecía recluido en el penal del Altiplano, en el Estado de México, desde su detención en julio. Su defensa argumentó que la edad del exgobernador y sus condiciones físicas justificaban que la medida cautelar se cumpliera en su domicilio.
De acuerdo con el contenido del expediente referido en el material consultado, Ruffo Appel tiene más de 70 años y enfrenta problemas de movilidad derivados de una operación de cadera.
La defensa también sostuvo que cuenta con arraigo y que no existe riesgo de que evada la acción de la justicia.
Estas son las condiciones de la prisión domiciliaria
El cambio de medida cautelar no significa que el proceso penal haya concluido ni que el exgobernador haya sido exonerado.
La resolución establece que Ruffo Appel deberá permanecer en el domicilio que fue designado para cumplir la medida y estará bajo vigilancia permanente de la Guardia Nacional durante las 24 horas.
También deberá mantener comunicación constante con un centro de justicia y someterse a la supervisión de las autoridades.
Como parte de las condiciones impuestas por el juez, tendrá que entregar su pasaporte y su visa a las autoridades correspondientes.
El juzgador determinó además que no utilizará un brazalete electrónico, debido a la posibilidad de que requiera atención hospitalaria de urgencia. En sustitución de este dispositivo, deberá realizar videollamadas diarias con las autoridades.
Aunque podrá salir de su vivienda, tendrá prohibido abandonar el país mientras permanezca vigente la medida cautelar.
Las autoridades cuentan con un plazo de 48 horas para realizar las acciones necesarias y concretar el traslado del exgobernador desde el penal del Altiplano hasta el domicilio autorizado.
La defensa había cuestionado su permanencia en el Altiplano
Antes de la audiencia, la defensa de Ruffo Appel ya había obtenido una suspensión definitiva dentro de un juicio de amparo relacionado con la medida cautelar.
La resolución, correspondiente al expediente 889/2026 y publicada el 22 de septiembre, derivó en la realización de la audiencia para determinar si la prisión preventiva debía mantenerse o modificarse.
Durante las semanas que permaneció en el Altiplano, familiares y personas cercanas al exgobernador cuestionaron sus condiciones de reclusión.
Verónica Ruffo, hija del exmandatario, había señalado que su padre enfrentaba movilidad limitada después de una operación de cadera y que había registrado una pérdida de peso durante su permanencia en el penal.
También Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente del partido Somos, visitó a Ruffo Appel en el centro penitenciario y afirmó que había observado un deterioro físico.
Estos argumentos fueron utilizados por la defensa para solicitar que el exgobernador continuara el proceso fuera del penal.
Ruffo Appel continúa vinculado al proceso por huachicol fiscal
La prisión domiciliaria no modifica por sí misma la situación jurídica de Ruffo Appel respecto de la investigación.
El expediente señala que el exgobernador fue vinculado a proceso junto con otras siete personas dentro de una investigación relacionada con una presunta red de contrabando de combustibles.
La investigación de la Fiscalía General de la República apunta a operaciones realizadas mediante la empresa Ingemar, en la que Ruffo Appel figuraba como accionista mayoritario.
De acuerdo con los datos contenidos en el material consultado, la estructura investigada habría introducido gasolina y diésel procedentes de Texas, Estados Unidos, declarando ante las autoridades aduaneras un volumen inferior al que realmente era transportado.
Las operaciones habrían utilizado distintos puntos de ingreso en Tamaulipas, entre ellos Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa.
La investigación refiere 4 mil 238 operaciones de importación consideradas irregulares durante un periodo de seis meses y estima que más de 15 millones de litros de combustible no fueron declarados entre enero y julio de 2025.
Investigan un presunto daño millonario al erario
El expediente también refiere que el esquema investigado habría ocasionado un daño a la hacienda pública superior a los 4 mil millones de pesos.
Dentro de esa estimación se contempla una evasión de 88 millones 511 mil 516 pesos por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, además de 18 millones 289 mil 304 pesos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado.
Las autoridades también identificaron movimientos superiores a 3 mil 75 millones de pesos a través de alrededor de 80 cuentas bancarias nacionales.
A ello se suman operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares, en las que, según la investigación, se detectó un patrón de cuentas que recibían recursos y posteriormente los transferían.
El origen de las indagatorias se ubicó en el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo ocurrido en julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila.
A partir de ese aseguramiento, las autoridades realizaron cruces de información relacionados con personas, empresas y documentación para reconstruir las operaciones investigadas.
La defensa sostiene que Ruffo no administraba la empresa
Frente a las acusaciones, la defensa ha rechazado que Ruffo Appel haya tenido responsabilidad directa en la operación de la empresa investigada.
La postura de sus representantes es que el exgobernador no administraba Ingemar, no ocupaba un cargo directivo y tampoco participaba directamente en las compras o distribución del combustible.
La familia también ha cuestionado declaraciones públicas relacionadas con la presunta responsabilidad del exmandatario y sostiene que continuará utilizando los recursos legales disponibles para demostrar su inocencia.
Con la modificación de la medida cautelar, Ruffo Appel continuará sujeto al proceso penal desde su domicilio y bajo las condiciones establecidas por el juez.
La defensa mantiene además un segundo amparo contra la vinculación a proceso, por lo que el litigio judicial todavía continúa.
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