Un juez federal suspende temporalmente la extradición a Estados Unidos de Mauro Alberto ‘N’, alias ‘El Jando’, presunto piloto de confianza de Iván Archivaldo Guzmán, líder de la facción ‘Los Chapitos’ del Cártel de Sinaloa.
La suspensión fue otorgada por Augusto Octavio Mejía Ojeda, juez Tercero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, quien concedió una suspensión de plano que impide, por el momento, su extradición, deportación o destierro, y garantiza que no sea sometida a malos tratos.
Detención y proceso judicial
‘El Jando’ fue detenido el 8 de febrero de 2025 en la sindicatura de Jesús María, al norte de Culiacán, Sinaloa, durante un operativo conjunto que involucró a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Tras su captura, se le dicta prisión preventiva oficiosa y enfrenta cargos por delitos contra la salud y portación de armas.
La suspensión de la extradición implica que, por ahora, ‘El Jando’ permanecerá bajo custodia en México mientras se resuelve su situación jurídica. El juez también otorgó un plazo de tres días para que el acusado ratificara su demanda de amparo; de no hacerlo, la medida cautelar quedará sin efecto, permitiendo que el proceso de extradición sea reactivo.
Enfrentará cargos en México o extradición
Mauro Alberto ‘N’ es señalado por las autoridades como piloto aviador de confianza de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y líder de la facción ‘Los Chapitos’ del Cártel de Sinaloa. Su detención se produjo en el marco de las acciones del gobierno mexicano para desarticular las estructuras operativas de los cárteles de la droga y combatir el narcotráfico en el país.
En los próximos días, se determinará la situación jurídica de ‘El Jando’. Las autoridades judiciales evaluarán las pruebas presentadas en su contra y decidirán si procede su extradición a Estados Unidos o si enfrentará los cargos en México.
Este caso subraya la colaboración entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y justicia, así como los desafíos legales que surgen en procesos de extradición de presuntos criminales de alto perfil.
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