La reciente decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de designar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas globales podría aumentar los riesgos legales para las empresas estadounidenses que operan en América Latina y para los migrantes que pagan a estos grupos por asistencia para cruzar la frontera, según expertos legales.
El pasado 19 de febrero, el Departamento de Estado incluyó al cártel de Sinaloa, al Tren de Aragua y a otros seis grupos criminales latinoamericanos en su lista de organizaciones terroristas. Esta acción forma parte de una estrategia más amplia del gobierno republicano para combatir el narcotráfico y la inmigración ilegal.
Un memorando del 5 de febrero, emitido antes de que la medida se hiciera oficial, detallaba que esta designación permitiría al Departamento de Justicia procesar a los líderes de estos grupos bajo cargos de terrorismo. Seis expertos legales consultados por Reuters indicaron que las designaciones podrían exponer a las empresas estadounidenses y a los migrantes a procesos penales por «apoyo material a un grupo terrorista» según la legislación de Estados Unidos.
Ni el Departamento de Justicia ni la Casa Blanca han emitido comentarios sobre esta situación. Hasta el momento, no se han reportado procesos legales contra empresas en virtud de esta nueva normativa.
No obstante, exfiscales advirtieron que las empresas que operan en regiones de México donde grupos criminales han exigido pagos por protección podrían enfrentar cargos si continúan con estas transacciones. Un estudio de la Cámara Americana de Comercio en México realizado en 2024 reveló que el 45% de las 218 empresas encuestadas habían recibido demandas de pagos por protección.
«Empresas deberían revisar sus relaciones comerciales»
Brendan Quigley, exfiscal federal y socio en el bufete de abogados Baker Botts, alertó que las empresas deben revisar sus relaciones comerciales para evitar posibles sanciones. De manera similar, Stephen Reynolds, exfiscal federal y socio del bufete Day Pitney, destacó que el riesgo de enjuiciamiento también se extiende a empresas extranjeras con operaciones en Estados Unidos.
El impacto de esta medida podría tener repercusiones significativas en el comercio y la migración, mientras las empresas y los migrantes analizan los riesgos de sus interacciones con grupos ahora calificados como terroristas.
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