La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una reunión con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Palacio Nacional. Este segundo encuentro reafirma el compromiso del gobierno con la justicia y el esclarecimiento de los hechos ocurridos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Vidulfo Rosales, abogado de las familias, calificó la reunión como positiva y aseguró que la investigación sigue avanzando. Destacó que actualmente se trabaja con nuevas tecnologías y un equipo de expertos que incluirá análisis de telefonía celular, lo que ya ha derivado en recientes detenciones.
Nuevas estrategias para esclarecer el caso
Durante la reunión del pasado 28 de febrero, Rosales explicó que se está retomando la parte medular de la investigación. “Se está construyendo un nuevo equipo de trabajo que utilizará tecnología avanzada”, señaló.
El litigante lamentó la falta de avances en la administración pasada, pero reconoció que la mandataria está impulsando nuevas estrategias para dar con la verdad. “Estamos usando tecnología y la Presidenta ha mostrado disposición para continuar con esta línea de investigación”, puntualizó.
En la primera reunión celebrada en diciembre de 2024, Sheinbaum reafirmó su compromiso con la extradición de Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal (AIC), quien es señalado por presuntamente ocultar pruebas y torturar testigos en el caso.
Los familiares de los estudiantes han exigido justicia durante más de una década. En ese sentido, el abogado recordó una declaración clave de la mandataria: “No sé por qué Israel lo protege”, refiriéndose a Zerón. Añadió que, de ser necesario, el gobierno mexicano podría tomar medidas diplomáticas para exigir su extradición.
Antecedentes del caso
El 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa fueron víctimas de desaparición forzada. Se dirigieron a la Ciudad de México para la conmemoración del 2 de octubre, pero fueron interceptados por policías locales coludidos con el crimen organizado.
La versión oficial inicial, llamada «verdad histórica», afirmaba que los estudiantes fueron entregados al grupo criminal Guerreros Unidos y luego incinerados en el basurero de Cocula. Sin embargo, expertos y organizaciones internacionales desacreditaron esta versión por falta de pruebas científicas e inconsiste.
Durante años, las familias han exigido justicia, enfrentando obstáculos y amenazas. En 2022, una Comisión de la Verdad concluyó que la desaparición fue un «crimen de Estado» con la participación de autoridades en todos los niveles, incluidas las Fuerzas Armadas.
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