Tras el golpe que significó la acusación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fijó postura este miércoles 25 de junio. En un comunicado, la dependencia aseguró que, hasta ahora, no existen pruebas que confirmen actos ilícitos cometidos por CIBanco, Intercam y Vector.
El gobierno del presidente Donald Trump ordenó sanciones contra estas entidades, prohibiendo a instituciones estadounidenses realizar transferencias de fondos con ellas. Las medidas, dictadas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), forman parte de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la FEND Off Fentanyl Act, instrumentos que buscan atacar el financiamiento de cárteles mexicanos a través del sistema bancario.
Hacienda respondió que mantiene una «coordinación permanente» con el Tesoro de EE. UU., bajo principios de soberanía y cooperación, y que fue notificada de las presuntas irregularidades por medio de canales oficiales. No obstante, afirmó que la solicitud de pruebas específicas no ha sido atendida por las autoridades norteamericanas.
Sin datos contundentes, pero con sanciones administrativas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda señaló que el único elemento recibido hasta el momento por parte de EE. UU. es la referencia a transferencias electrónicas entre empresas mexicanas y compañías chinas legalmente constituidas. Este tipo de transacciones, según la dependencia, son comunes dentro del comercio bilateral que supera los 139 mil millones de dólares anuales.
Incluso, la UIF identificó que más de 300 empresas mexicanas han realizado operaciones similares a través de al menos diez instituciones financieras en el país. Por ello, descartó que dichas transferencias, por sí solas, puedan constituir una prueba de lavado de dinero o actividad delictiva.
No obstante, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició una revisión interna sobre las tres entidades implicadas. El resultado arrojó diversas faltas administrativas que ya fueron sancionadas, con multas acumuladas por 134 millones de pesos. Estas sanciones no tienen relación directa con delitos federales ni actividades vinculadas al crimen organizado, según aclaró Hacienda.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue categórico en sus declaraciones: «Las instituciones financieras acusadas están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en engranajes vitales de la cadena de suministro de fentanilo».
Posición del gobierno de Sheinbaum: sin encubrimientos
En la parte final del comunicado, la Secretaría de Hacienda citó una instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum: «Ser transparentes, no encubrir a nadie y actuar conforme al Estado de derecho».
La dependencia reiteró su compromiso con el seguimiento estricto a la regulación del sistema financiero mexicano y con el combate frontal a cualquier tipo de actividad ilícita.
Aunque hasta el momento el gobierno de México no ha iniciado acciones penales contra los bancos acusados, el caso pone a prueba la relación bilateral y los mecanismos de cooperación en materia financiera y de seguridad. Se espera que en los próximos días se realicen nuevos encuentros entre autoridades mexicanas y estadounidenses para evaluar el fondo de las acusaciones.
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