Un alumno de cuarto de secundaria del Liceo Naval Almirante Guise denunció que compañeros de quinto lo agredieron sexualmente el 15 de septiembre dentro del autobús que los devolvía de un torneo de futsal. Seis de los diez investigados ya cumplen internamiento preventivo en Maranguita, el Gobierno entregó el colegio al Ministerio de Educación y la familia de la víctima alista denuncias contra los adultos que iban en esa misma unidad.
El trayecto de Surco a San Borja debía ser rutinario. El equipo de futsal del Liceo Naval Almirante Guise regresaba de un campeonato interliceos. En el bus iban escolares de distintos grados, el chofer y personal del colegio. Esa noche, el padre de un estudiante de 16 años acudió a la comisaría. Relató que su hijo, de cuarto de secundaria, había sido víctima de una agresión sexual por compañeros de quinto.
La Policía retuvo primero a ocho menores. Luego la Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro precisó que eran diez. Todos pasaron por exámenes médico-legales. El agraviado debía declarar en Cámara Gesell. Al vencerse las 48 horas de retención, la Fiscalía pidió internamiento solo contra seis. El Tercer Juzgado de Familia, a cargo de la jueza Roxana Palacios, aceptó el requerimiento y fijó cuatro meses, el tope que permite el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes.
Los seis ingresaron a Maranguita pasadas las 11 de la noche, cubiertos con colchas para que nadie los reconociera. Entraron sin sus padres. Los otros cuatro quedaron en libertad porque el Ministerio Público no halló mérito suficiente para pedir una medida restrictiva contra ellos. El caso, sin embargo, no se cerró. Sigue la investigación para establecer quién participó de manera directa y quién no.
El bus no iba solo y eso abrió otro frente
La Defensoría del Pueblo confirmó un dato que cambió el tono del debate público. En el vehículo viajaban tres adultos: el conductor y dos trabajadores del plantel. El ministro de Educación, José Antonio Chang, lo dijo sin rodeos. Preguntó qué hicieron esos adultos y si no actuaron. La ministra de la Mujer, María Seminario, insistió en lo mismo. Los chicos no viajaban solos. Por ello, dijo, el colegio y cada nivel de la institución deben responder.
Seminario también pidió rapidez a Fiscalía y jueces. Su sector ya acompaña a la familia. El Programa Nacional Warmi Ñan y el Centro de Emergencia Mujer de San Borja ofrecen apoyo psicológico y legal. Abogados del CEM prepararon escritos para agilizar el expediente.
Jorge Petrozzi, abogado de la víctima, fue más lejos. Anunció que la familia denunciará a los adultos del bus si el colegio no los identifica. Según su relato, se trata de un profesor de Educación Física que fungía como entrenador y de otro docente. El chofer, dijo, estaba al volante. Aun así, sostuvo que alguien debió advertir el agrupamiento y los gritos. Petrozzi espera el internamiento máximo de ocho años para los seis investigados. Recordó que, de ser adultos, el delito podría alcanzar penas de hasta 35 años.
El letrado cuestionó además la primera reacción del plantel. Aseguró que el colegio intentó presentar el hecho como una pelea física. La denuncia, subrayó, la puso el padre, no la dirección.
La Marina apartó a la directora y el Estado tomó el colegio
La Marina de Guerra rechazó cualquier violencia contra estudiantes. Su Dirección de Bienestar separó a la directora, a un docente y al entrenador de fútbol mientras duren las pesquisas. El Ministerio de Defensa ordenó acciones inmediatas. Poco después el Gobierno fue más allá. Declaró la reorganización extraordinaria del Liceo Naval y encargó al Ministerio de Educación la conducción pedagógica e institucional hasta el 31 de diciembre de 2027.
Chang visitó el plantel. Reconoció que la escuela tiene buen nivel académico. También dijo que hay problemas de disciplina y que se relajó la autoridad de directivos y maestros. El colegio reúne a cerca de mil 500 alumnos. El ministro descartó pasar a toda la comunidad a clases virtuales. El caso, afirmó, involucra a un grupo reducido.
En paralelo, el Décimo Segundo Juzgado de Familia dictó medidas de protección para el adolescente agraviado. Los investigados no pueden contactarlo en persona ni por WhatsApp, Facebook u otras redes. El juzgado también les impuso terapias psicológicas obligatorias.
El menor ya había relatado ante la Fiscalía episodios previos de bullying. Cornelio Gonzáles, director regional de Educación de Lima Metropolitana, reconoció esa declaración. Añadió, sin embargo, que su oficina no tenía reportes anteriores del plantel. Esa laguna ahora forma parte del expediente. La Fiscalía suma testimonios de los escolares, de los policías que intervinieron, de los padres denunciantes y el reconocimiento médico-legal.
El internamiento de cuatro meses no es una sentencia. Es una medida cautelar mientras se esclarece qué ocurrió en ese bus, qué vieron los adultos y qué omisiones hubo en un colegio que hasta esta semana administraba la Marina. Seis adolescentes duermen en Maranguita. Un compañero de 16 años espera que la investigación no se diluya. Y un plantel de San Borja quedó, de un día para otro, bajo mando del Ministerio de Educación.
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