El gobierno federal emprendió una ofensiva contra la triangulación comercial y la evasión fiscal mediante la cancelación de 1,062 registros de molinos de acero extranjeros. La Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, detectó irregularidades en casi la mitad de los más de 2,000 registros existentes, como datos falsos, inconsistencias documentales e incluso plantas inexistentes.
El anuncio fue presentado como una decisión directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ordenó una auditoría para cerrar las rutas de evasión arancelaria que afectan a la industria nacional. El objetivo: garantizar condiciones equitativas para los productores de acero mexicanos que enfrentan una competencia desleal facilitada por vacíos legales.
«Algunos molinos no existen. Otros presentan datos falsos o incompletos. Esos registros desaparecerán», declaró Marcelo Ebrard, quien explicó que el gobierno ha desplegado equipos de verificación en al menos seis países, incluido Malasia, para comprobar la autenticidad de los sitios de producción.
Industria nacional exige reglas claras en el mercado del acero
La medida responde a las denuncias de productores locales que aseguran que la competencia desleal ha socavado sus ingresos. Al ingresar acero con registros falsificados, algunas comercializadoras extranjeras eluden los aranceles correspondientes, lo que les permite vender a precios por debajo del mercado sin enfrentar las obligaciones fiscales que sí deben cubrir las empresas mexicanas.
«Es un abuso respecto a nuestra industria nacional», acusó Ebrard, quien comparó la situación con una falta en el futbol: «Si fuera futbol es un faul».
El procedimiento de importación de acero exige que las empresas declaren el origen exacto del producto, incluyendo el nombre y ubicación del molino productor. Con esta información, la Secretaría de Economía puede verificar el cumplimiento de normas comerciales y aplicar los aranceles apropiados. Sin embargo, las auditorías revelaron el uso sistemático de registros simulados.
Ebrard aclaró que la decisión no busca cerrar el comercio ni obstaculizar la importación de insumos legítimos, sino sanear el sistema y prevenir el ingreso de acero por vías irregulares. «Queremos competencia justa, no competencia basada en trampas», subrayó.
El anuncio marca un cambio de enfoque en la supervisión comercial del país. Mientras antes predominaba un modelo documental, ahora se apostará por una vigilancia activa que incluirá inspecciones presenciales en las plantas de origen. Este giro representa una advertencia para importadores que se habían beneficiado de los huecos regulatorios.
A largo plazo, la medida podría beneficiar a la industria mexicana del acero, una de las más afectadas por la sobreoferta global y las distorsiones de precios provocadas por subsidios y evasión en otros países. Con una vigilancia más rigurosa, el gobierno espera nivelar el terreno de juego para los productores nacionales.
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