Kirt Alan Griffin asegura que localizó su vehículo mediante investigaciones particulares y pide al fiscal Raciel López Salazar intervenir para esclarecer el caso y recuperar la unidad.
Un ciudadano estadounidense denunció públicamente la presunta sustracción de su camioneta Toyota en Playa del Carmen y cuestionó la falta de resultados de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, pese a que, según afirma, investigaciones particulares permitieron localizar el vehículo e identificar a personas presuntamente relacionadas con su posesión y comercialización.
Durante una conferencia de prensa realizada este domingo, Kirt Alan Griffin, de 62 años, expuso que presentó la denuncia en abril de 2026 y que su representación legal detectó posibles irregularidades en la documentación utilizada para transferir la unidad, cuyo valor comercial estima en alrededor de 500 mil pesos.
Los señalamientos corresponden a la versión del denunciante y de sus abogados. La responsabilidad de las personas mencionadas y la posible comisión de delitos deberán ser determinadas por las autoridades competentes.
Investigan posible uso de documentos irregulares
Griffin relató que contrató a un cerrajero para abrir su domicilio y que, durante ese servicio, el trabajador habría tenido acceso a las llaves de la camioneta. Según su versión, esa circunstancia pudo facilitar la posterior sustracción del vehículo, aunque este señalamiento requiere ser esclarecido mediante la investigación ministerial.
El afectado sostuvo que, posteriormente, el presunto involucrado afirmó que la camioneta le había sido obsequiada. Griffin rechazó esa versión y señaló que la unidad habría pasado después a manos de un mecánico dedicado a la compraventa de automóviles usados.
Uno de los puntos que la defensa pide investigar es una factura por 86 mil pesos que, según los documentos revisados por sus abogados, estaría relacionada con la camioneta. El monto contrasta con el valor comercial aproximado de 500 mil pesos señalado por el propietario.
La representación legal también cuestionó la autenticidad y el contenido de la documentación, así como las referencias a empresas y datos sobre el origen del vehículo. Entre los nombres mencionados en la conferencia figura Car One Tlalpan, S.A. de C.V., cuya posible relación con los antecedentes documentales deberá ser verificada.
Asegura que le pidieron 190 mil pesos para recuperar la unidad
De acuerdo con Griffin, la camioneta habría sido transferida a otras personas y actualmente estaría en posesión de un tercero. El denunciante afirmó que, al intentar recuperarla mediante el diálogo, le habrían exigido 190 mil pesos para entregársela.
La defensa considera necesario investigar ese señalamiento y determinar si existe alguna conducta delictiva adicional.
Asimismo, cuestionó que, según las consultas realizadas por sus representantes, el vehículo continuara sin aparecer con reporte de robo en el Registro Público Vehicular (REPUVE). Por ello, pidió revisar los registros y los procedimientos mediante los cuales se actualiza la situación jurídica de las unidades.
El afectado también señaló que la aseguradora Quálitas no ha resuelto favorablemente su reclamación, pese a la existencia de una denuncia penal relacionada con la sustracción.
Piden revisar trámites y posibles intervenciones de terceros
Griffin aseguró que la camioneta ingresó legalmente a México mediante un permiso de importación temporal y que cuenta con el título de propiedad expedido en Estados Unidos.
A partir de esos antecedentes, sus abogados solicitaron investigar cómo la unidad pudo haber sido objeto de operaciones comerciales y trámites documentales sin que, presuntamente, se detectaran las irregularidades que ahora denuncian.
Entre las líneas que la defensa plantea revisar se encuentran la autenticidad de las facturas, los comprobantes fiscales, la cadena de propiedad y los posibles trámites realizados ante instancias administrativas de Quintana Roo.
También pidió esclarecer si hubo intervención de gestores, intermediarios o personas vinculadas con dependencias públicas. Sin embargo, los señalamientos expuestos en la conferencia no acreditan por sí mismos la participación ni la responsabilidad penal de las personas mencionadas.
La representación legal sostuvo que corresponde a las autoridades determinar si existieron falsificación o uso de documentos falsos, encubrimiento, extorsión u otros delitos. Cualquier hipótesis sobre una estructura organizada para comercializar vehículos ilícitos deberá sustentarse en pruebas y cumplir los requisitos legales aplicables.
Cuestionan avances de la investigación ministerial
El ciudadano estadounidense indicó que inicialmente contrató a un abogado particular y que, posteriormente, acudió al despacho Carrillo & Asociados, donde el abogado César García Lagunas asumió la atención del asunto.
Según lo expuesto por la defensa, las indagatorias particulares permitieron reconstruir parte de la ruta del vehículo, localizarlo e identificar a personas presuntamente relacionadas con su posesión y comercialización.
No obstante, los representantes legales cuestionaron que, pese a los datos que afirman haber proporcionado a la Fiscalía, no se haya concretado el aseguramiento de la camioneta ni se les hayan comunicado avances suficientes para esclarecer los hechos.
La defensa pidió que se agoten las líneas de investigación y se verifique la documentación asociada con el vehículo, además de establecer la posible responsabilidad individual de quienes resulten involucrados.
Solicita intervención del fiscal Raciel López Salazar
Griffin hizo un llamado público al fiscal general de Quintana Roo, Raciel López Salazar, para que, dentro de sus atribuciones, impulse la investigación y se valore el aseguramiento legal de la camioneta.
El afectado afirmó que el vehículo representa uno de sus últimos bienes patrimoniales y explicó que necesita resolver el caso antes de regresar a Estados Unidos para continuar con un tratamiento médico que incluye quimioterapia.
“Lo único que quiero es recuperar lo que legalmente me pertenece y que las autoridades hagan su trabajo”, expresó al plantear su petición pública.
El caso pone sobre la mesa interrogantes sobre la verificación documental en la compraventa de vehículos usados, la actualización de reportes en el REPUVE y la respuesta de las autoridades ante denuncias de robo.
Hasta el cierre de esta nota, la información disponible corresponde a los señalamientos del afectado y su representación legal. No se cuenta aquí con una postura de la Fiscalía, de la aseguradora ni de las demás personas mencionadas. La investigación deberá establecer qué ocurrió y si existen responsabilidades legales.
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