La reforma crea una clave única para identificar inmuebles y busca conectar los registros de todo el país. La oposición advierte sobre riesgos para la autonomía municipal y posibles gastos adicionales.
El Senado de la República aprobó la nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, una reforma que busca modernizar los catastros y registros públicos de la propiedad mediante reglas comunes y herramientas digitales para la Federación, los estados y los municipios.
El dictamen fue avalado en lo general con 69 votos a favor y 32 en contra. En la discusión en lo particular, las propuestas de modificación presentadas por senadores del PAN y del PRI fueron rechazadas, por lo que los artículos reservados se aprobaron en los términos del dictamen, con 66 votos a favor y 28 en contra. El proyecto fue turnado al Ejecutivo Federal.
La nueva legislación plantea una mayor coordinación entre los sistemas catastrales y registrales del país, con herramientas para identificar inmuebles, compartir información y detectar inconsistencias en los datos de las propiedades.
Una clave única para identificar inmuebles
Entre los principales cambios se encuentra la creación de la Clave Única Catastral, con la que se busca identificar cada inmueble, así como una Cédula Única Catastral y Registral que concentrará datos básicos para ubicar los predios y vincular la información catastral con la registral.
La ley también contempla un Plan Nacional Catastral, que establecerá prioridades y acciones para modernizar estos sistemas, además de una Plataforma Catastral Municipal para facilitar la coordinación tecnológica entre los distintos órdenes de gobierno.
Durante la discusión, la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, presidenta de la Comisión de Gobernación, sostuvo que la reforma busca brindar mayor seguridad jurídica sobre las propiedades, mejorar la confiabilidad de los datos y fortalecer la transparencia inmobiliaria.
La legisladora afirmó que la propuesta no pretende centralizar la recaudación del impuesto predial ni eliminar la autonomía municipal. De acuerdo con lo expuesto durante el debate, el cobro de ese impuesto permanecerá a cargo de los municipios.
Oposición alerta sobre posibles costos y afectaciones municipales
El respaldo a la modernización catastral no fue unánime. Senadores de oposición cuestionaron los alcances de la reforma y advirtieron sobre los recursos que podrían necesitar los ayuntamientos para actualizar sus sistemas, capacitar al personal y digitalizar la información.
Durante la sesión, integrantes del PAN colocaron pancartas con la frase “No al predialazo”, en rechazo a la iniciativa y ante la preocupación por sus posibles consecuencias para los contribuyentes.
El senador panista Miguel Márquez Márquez señaló que la digitalización debe acompañarse de garantías para proteger los datos personales y evitar el uso indebido de la información inmobiliaria.
Por su parte, el priista Gabriel Elizondo Pérez advirtió sobre el riesgo de concentrar decisiones en la Federación y sostuvo que los municipios podrían enfrentar nuevas responsabilidades sin contar necesariamente con recursos suficientes para cumplirlas.
El senador de Movimiento Ciudadano Néstor Camarillo también expresó reservas y señaló que la implementación podría convertirse en una carga para los gobiernos municipales si no disponen de tiempo, capacitación y financiamiento para adaptar sus sistemas.
Además, legisladores de oposición alertaron sobre la posibilidad de que los costos de implementación terminen repercutiendo en la economía de las familias. No obstante, la información del dictamen compartida para esta nota no establece un aumento aprobado a las tasas del impuesto predial.
La implementación será clave para los municipios
La reforma busca homologar criterios y facilitar el intercambio de información entre las autoridades responsables del catastro y los registros públicos. Sus efectos dependerán, entre otros factores, de cómo se instrumenten las nuevas herramientas y de la capacidad técnica y financiera de los gobiernos locales.
Para los municipios, el desafío será actualizar sus bases de datos y sistemas tecnológicos sin comprometer la protección de la información ni generar cargas que dificulten la prestación de servicios públicos.
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