La justicia de Estados Unidos emitió un nuevo revés judicial contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al responsabilizarlo civilmente por las torturas y abusos denunciados por tres ciudadanos estadounidenses que permanecieron detenidos en ese país.
Un juez federal de Miami, Florida, ordenó que Maduro, el empresario colombiano Álex Saab y otros implicados paguen 314 millones de dólares como indemnización a las víctimas, tras considerar acreditadas las violaciones denunciadas durante el proceso judicial.
La resolución fue emitida por el juez Darrin P. Gayles, luego de que los demandados no comparecieran ante la Corte para responder a la demanda presentada por Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, quienes denunciaron haber sido detenidos ilegalmente y sometidos a torturas mientras permanecieron bajo custodia en Venezuela.
El fallo también responsabiliza a otros cinco acusados y a la organización conocida como Cartel de los Soles, señalada por los demandantes como una estructura integrada por altos funcionarios venezolanos presuntamente vinculados con actividades ilícitas.
El tribunal atribuye los abusos al aparato del Estado venezolano
En la sentencia, el juez sostuvo que las agresiones denunciadas formaban parte de un patrón de actuación destinado a sostener el poder político en Venezuela.
Entre los abusos descritos en la demanda se encuentran golpes, descargas eléctricas y otros tratos considerados degradantes durante el tiempo que los tres ciudadanos estadounidenses permanecieron privados de la libertad.
En uno de los apartados de la resolución, Gayles afirmó que «el secuestro fue solo uno de muchos delitos cometidos con el fin de respaldar el régimen dictatorial de Maduro sobre Venezuela», al explicar los fundamentos de la responsabilidad civil impuesta a los demandados.
Los tres estadounidenses recuperaron su libertad en diciembre de 2023 como parte de un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas. En ese acuerdo, Estados Unidos liberó a Álex Saab, quien permanecía detenido por cargos relacionados con delitos financieros.
La sentencia no garantiza el pago inmediato
De acuerdo con la demanda, Jerrel Kenemore permaneció detenido durante 643 días después de ser interceptado cerca de la frontera venezolana. Por su parte, Jason Saad, originario de Alabama y residente en Venezuela, así como Edgar Marval, empresario radicado en Florida, aseguraron haber sido arrestados por organismos de inteligencia venezolanos y sometidos a malos tratos.
La acción legal fue promovida con base en una legislación estadounidense que permite a ciudadanos de ese país reclamar compensaciones económicas por daños derivados de actos relacionados con organizaciones catalogadas como terroristas.
Aunque el tribunal fijó la responsabilidad económica de los demandados, la resolución no implica que la indemnización sea cubierta de forma inmediata, ya que el eventual cobro dependerá de procedimientos legales posteriores para localizar bienes o activos susceptibles de ejecución.
La demanda también incluyó a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. Sin embargo, quedó fuera de la sentencia después de que su defensa solicitó el archivo del procedimiento al invocar inmunidad derivada del cargo que desempeña, argumento que fue impugnado por los demandantes.
Este caso se suma a otras acciones judiciales emprendidas en tribunales estadounidenses por ciudadanos que permanecieron detenidos en Venezuela y que buscan obtener una reparación por presuntas violaciones a los derechos humanos durante su encarcelamiento.
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