La Fiscalía boliviana acusa al expresidente de estar presuntamente involucrado en las protestas y bloqueos que exigieron la salida del presidente Rodrigo Paz. Las movilizaciones se prolongaron durante siete semanas y dejaron al menos 16 muertos.
La Fiscalía de Bolivia ordenó este miércoles la captura del expresidente Evo Morales por su presunta participación en las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio, movilizaciones que tuvieron entre sus demandas la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La orden atribuye al exmandatario los presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
El mandamiento fue emitido por el fiscal Brayan Melgar y se suma a otro proceso judicial que Morales enfrenta por trata agravada de personas, en el cual ya existía una orden de aprehensión en su contra.
Siete semanas de bloqueos contra el gobierno de Rodrigo Paz
Durante mayo y junio, sectores campesinos, trabajadores y organizaciones sindicales protagonizaron bloqueos en distintas carreteras del país, principalmente en regiones del occidente y centro de Bolivia.
Entre los participantes estuvieron sectores de la Central Obrera Boliviana (COB), campesinos de La Paz y grupos afines a Morales. Las movilizaciones llegaron a plantear la renuncia de Rodrigo Paz como demanda central.
Los cierres provocaron problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal. De acuerdo con el balance difundido tras las protestas, al menos 16 personas murieron, 13 de ellas por falta de atención médica oportuna debido a las interrupciones en las vías, mientras las pérdidas económicas fueron estimadas en más de 3 mil millones de dólares.
Morales ha negado haber promovido la renuncia del mandatario. Durante el conflicto sostuvo que una salida era recurrir a la sucesión constitucional y convocar posteriormente a elecciones en un plazo de 90 días.
El 20 de junio, el gobierno de Paz decretó el estado de excepción para levantar los bloqueos, tras lo cual policías y militares fueron desplegados para recuperar la circulación en las carreteras.
Denuncia alcanza a otros dirigentes
La denuncia contra Morales fue presentada a principios de julio por dirigentes cívicos de Santa Cruz y posteriormente se sumó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.
La acción también involucra al dirigente de la COB Marco Argollo y al dirigente campesino de La Paz Vicente Salazar, quien permanece en detención preventiva desde el 6 de julio por otra investigación vinculada con los mismos acontecimientos.
Evo Morales ya tenía otra orden de captura
El nuevo procedimiento se suma al proceso por trata agravada que enfrenta el expresidente. El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, confirmó el 14 de julio que la acusación formal y el mandamiento de aprehensión por ese caso continuaban vigentes.
Morales permanece desde 2024 en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical, donde cuenta con el respaldo de seguidores. El presidente Rodrigo Paz ha afirmado públicamente que el exmandatario se encuentra en el Chapare y deberá enfrentar a la justicia.
Con la nueva orden, Morales enfrenta ahora un segundo frente judicial que incluye acusaciones relacionadas directamente con la crisis política y social que paralizó durante semanas distintas regiones de Bolivia.
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