La comparecencia de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, ante el Congreso capitalino derivó en un choque directo con legisladores de Morena, quienes la acusaron de participar en la organización de la marcha de la Generación Z del pasado 15 de noviembre y de estar vinculada con los hechos violentos registrados en esa movilización. La funcionaria negó cualquier relación con la protesta, criticó la falta de pruebas y acusó a sus opositores de intentar desviar el debate presupuestal con ataques políticos que no tienen sustento. Aseguró que la persecución pública contra su administración es una estrategia para criminalizar la protesta y evadir temas delicados que involucran a la dirigencia morenista.
Tensión política en la comparecencia
La alcaldesa compareció ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para exponer el uso de los recursos públicos y las proyecciones para 2026. Sin embargo, el diálogo se desvió cuando legisladores de Morena mostraron carteles responsabilizándola de financiar o promover la marcha juvenil conocida como Gen Z. Rojo de la Vega respondió de forma directa y exigió pruebas. Señaló que ni la Fiscalía capitalina ni ninguna institución ha recibido denuncias formales en su contra, por lo que los señalamientos en su opinión buscan generar una narrativa mediática.
En su intervención inicial, Rojo de la Vega insistió en que los recursos recaudados en la demarcación deben reflejarse directamente en el presupuesto de la alcaldía y defendió la propuesta de duplicar los ingresos a través de ajustes administrativos. Presentó un análisis detallado sobre las necesidades de infraestructura y programas sociales, asegurando que su gobierno ha beneficiado a más de 3,500 personas en su primer año.
Legisladores escalan el conflicto
Durante el intercambio, la diputada Valentina Valía Batres argumentó que el uso de carteles no debería ser sancionado porque fue una práctica iniciada por la misma oposición en sesiones anteriores. En contraste, la diputada Cecilia Badillo presionó a la alcaldesa para definirse respecto a las agresiones contra mujeres policías durante la protesta del 15 de noviembre, acusándola de mantener un “feminismo selectivo” por no pronunciarse públicamente.
Rojo de la Vega respondió exhibiendo supuestos registros oficiales y portales de transparencia para desmentir la participación de un trabajador de la alcaldía en los hechos violentos. Afirmó que no existe vínculo alguno entre su administración y los disturbios. Además, acusó a Morena de insistir en una narrativa sin sustento jurídico mientras ignoran casos de presunta corrupción, abusos de poder y escándalos en distintas entidades gobernadas por su partido.
Desvío del debate presupuestal
El diputado Atayde intervino para señalar que la protesta visual dentro del salón no fue una interrupción grave y recordó que Morena también ha recurrido a carteles en el pasado. Acusó a la bancada oficialista de encubrir fallas presupuestales y alejar la discusión de temas urgentes como el ejercicio fiscal 2025 y las previsiones para 2026. Insistió en que el objetivo de la comparecencia era revisar el presupuesto, no litigar señalamientos sin pruebas.
Rojo de la Vega remarcó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no se pronunció sobre la actuación policial durante la marcha, lo cual, según dijo, demuestra un sesgo institucional que favorece al gobierno capitalino.
Respuesta final y cierre forzado por la mesa directiva
La alcaldesa concluyó que todo el enfrentamiento se trata de una estrategia de desgaste para inhibir su administración y desacreditar la propuesta de redistribuir los ingresos locales. Sin embargo, cuando buscaba ampliar su defensa, la presidenta de la mesa, Valentina Batres, le pidió concluir su participación para continuar con el orden del día. Aun así, Rojo de la Vega continuó hablando brevemente antes de que la sesión retomara su cauce.
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