En México, buscar a una persona desaparecida puede costar la vida. Así lo documenta el más reciente informe de Amnistía Internacional, titulado “Desaparecer otra vez: violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México”, que revela que al menos 30 familiares de personas desaparecidas han sido asesinados entre febrero de 2011 y mayo de 2025, de los cuales 16 eran mujeres.
El informe, presentado este miércoles, destaca que estas mujeres —entre ellas once madres, dos hermanas, dos esposas y una activista— perdieron la vida en un contexto de impunidad, violencia sistemática y omisión institucional, muchas veces mientras realizaban labores de búsqueda o al poco tiempo de haber hecho señalamientos públicos o encontrado fosas clandestinas.
“Las mujeres buscadoras realizan una labor muy importante de defensa de derechos humanos en un ambiente sumamente hostil. A pesar de las graves violencias y afectaciones que viven, han sido sororas con otras familias que pasan por la misma situación”, declaró Ana Piquer, directora regional para las Américas de Amnistía Internacional.
Un país donde buscar es una sentencia
México enfrenta una crisis humanitaria: más de 128,000 personas se encuentran desaparecidas o no localizadas, y el Estado continúa sin garantizar respuestas. Amnistía advierte que 2022 fue el año más letal para las mujeres buscadoras, con seis asesinatos registrados. Los estados con más homicidios de este tipo son Guanajuato, Jalisco, Sinaloa y Sonora.
Casos como el de Rosario Zavala, asesinada tras encontrar restos humanos y recibir amenazas previas, o el de Rosario Lilian Rodríguez Barraza, ejecutada después de participar en una misa en memoria de su hijo desaparecido, ilustran cómo la búsqueda se convierte en un segundo riesgo de desaparición o muerte.
Agresiones, amenazas y abandono institucional
Además de los asesinatos, Amnistía aplicó un cuestionario a 661 mujeres buscadoras, de las cuales el 97% afirmó haber sufrido algún tipo de violencia o afectación como consecuencia directa de su labor.
Entre los impactos más comunes se reportaron:
- Depresión: 73%
- Insomnio: 72%
- Pérdida del apetito: 67%
- Deterioro físico y mental: 70%
Pero también se documentaron agresiones graves:
- 14% fueron víctimas de ataques físicos
- 10% reportó tortura
- 6% secuestro
Las amenazas son una constante: el 45% ha recibido amenazas verbales o escritas, y el 39% fue víctima de extorsión por personas que prometían información a cambio de dinero. Una de cada cuatro ha sido acosada por autoridades, y sólo el 17% se atrevió a denunciar, debido al miedo a represalias, la desconfianza en las instituciones y la colusión con el crimen organizado.
Mujeres indígenas y migrantes: aún más vulnerables
El informe señala que las mujeres indígenas y las familias de personas migrantes desaparecidas enfrentan mayores barreras para acceder a justicia y acompañamiento. Las buscadoras extranjeras, por ejemplo, no pueden ingresar al país por falta de visa humanitaria, lo que impide su participación en las diligencias o en la denuncia de violaciones de derechos humanos.
Amnistía Internacional también denuncia la ausencia de mecanismos eficaces de protección para las buscadoras, así como la reproducción de violencia institucional por parte del Estado. Ante esto, el organismo internacional exige:
- Reconocer y garantizar el derecho a la búsqueda sin discriminación ni represalias
- Implementar políticas públicas con enfoques de género e interseccionales
- Garantizar medidas de protección efectivas para quienes buscan a sus seres queridos
- Combatir la impunidad tanto en los casos de desaparición como en las agresiones contra familiares
El informe se suma a un reclamo cada vez más amplio por parte de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y colectivos de familiares, que exigen justicia, verdad y garantías de no repetición. En un país donde buscar a un ser querido puede significar desaparecer por segunda vez, la urgencia es clara: el Estado mexicano debe dejar de criminalizar a quienes buscan y empezar a protegerlas.
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