En una sesión marcada por el debate y la polarización política, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el dictamen con proyecto de decreto para expedir una nueva Ley de la Guardia Nacional, en sustitución de la norma publicada en 2019. La medida fue respaldada por 22 votos a favor de legisladores de Morena, PVEM y PT; mientras que siete votos en contra provinieron del PAN y PRI. Dos diputados de Movimiento Ciudadano se abstuvieron.
La nueva legislación responde a una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y busca armonizar el marco jurídico secundario con la reforma constitucional del 30 de septiembre de 2024. El dictamen pasará ahora al Pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación.
Guardia Nacional: permanencia, formación militar y estrategia centralizada
De acuerdo con el presidente de la comisión, el diputado Julio César Moreno Rivera (Morena), la reforma establece a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública profesional, permanente y con integración militar bajo la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esta fuerza actuará en alineación con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, elaborada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y aprobada por el Senado.
La nueva ley exige que todos los integrantes de la Guardia Nacional cuenten con el Certificado Único Policial, así como con formación y profesionalización en tareas policiales a través de programas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Modificaciones a leyes y justicia militar
El dictamen también propone modificaciones a otras leyes, entre ellas:
- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
- Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
- Código Penal Militar
Se prevé que los delitos cometidos por elementos de la Guardia Nacional sean sancionados conforme a la jurisdicción correspondiente (militar, federal o común), con el objetivo de evitar impunidad y mantener un sistema disciplinario riguroso. Además, se añade un capítulo de delitos especiales en el ámbito militar, con penas específicas para miembros de la Guardia Nacional que infrinjan la ley.
Duras críticas de la oposición
La reforma provocó rechazo por parte del PAN y el PRI, quienes alertaron sobre una creciente militarización del país. La diputada Margarita Zavala Gómez del Campo (PAN) acusó incongruencias en el dictamen y cuestionó que no se haya turnado a la Comisión de Defensa Nacional para su análisis.
Por su parte, Emilio Suárez Licona (PRI) sostuvo que la iniciativa viola principios constitucionales y derechos humanos, al consolidar una lógica militar para funciones policiales. En la misma línea, los legisladores Arturo Yañez Cuéllar (PRI) y Paulina Rubio Fernández (PAN) expresaron su preocupación por la concentración de poder en la Sedena, lo que —advirtieron— podría comprometer el equilibrio democrático y el control civil sobre las fuerzas armadas.
Con el dictamen ya aprobado en comisión, se prevé que el tema sea llevado en los próximos días al Pleno de la Cámara de Diputados, donde se anticipa un debate tenso y dividido. El tema de la militarización de la seguridad pública ha sido uno de los puntos más controversiales de los últimos sexenios y continúa siendo motivo de alarma para organismos civiles y defensores de derechos humanos.
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